El tijeretazo al sueldo de los docentes era de los más difíciles de abordar porque tenían enfrente a los maestros de la concertada. A éstos también había que bajarles el sueldo, pero el margen de acción era mucho más estrecho, porque su salario base está protegido por convenio colectivo. El resto de su nómina la completan dos pluses: uno del Estado, que homologa a los docentes de la concertada andaluza con el resto de comunidades (374,05 euros al mes) y otro de la Junta, que equipara a los de la concertada con los de la pública (110,48 euros al mes en Primaria; 109,30 en ESO y 50,07 en Bachillerato). Sólo a este último complemento se le podía meter la tijera, según el decreto que se publicó ayer. Pero el recorte habría sido insuficiente y los 19.000 profesores de colegios concertados habrían terminado cobrando más que los recién incorporados a la pública.
Al final también se escarbó en el plus estatal, quedando así: 114,60 euros menos al mes en Primaria y 168,06 menos en ESO. En el cómputo global, el profesor de la concertada habrá perdido casi lo mismo que el de la pública: 941,43 euros menos los maestros y 1.362,99 en ESO. La distancia salarial entre ambos es la misma que antes. UGT y CCOO ya han anunciado que impugnarán esta decisión, porque contraviene el decreto publicado ayer.
No es el único recorte que los sindicatos amenazan con recurrir judicialmente, porque el decreto no sólo rebaja el sueldo a los funcionarios del resto de administraciones sino a 25.000 trabajadores que componen el personal laboral y a la desconocida plantilla de las empresas públicas. En ambos casos sus condiciones laborales están reguladas por convenios colectivos y la argucia de la Junta consiste en que recorta un 5% la asignación presupuestaria para las empresas públicas en el capítulo de gastos de personal e insta a sus directivos a aplicar ese recorte en las nóminas de sus empleados de manera progresiva. En el caso del personal laboral, ante la negativa de los sindicatos a acordar una progresividad similar a la de los funcionarios (donde el recorte oscila entre el 0,57 y el 7%) porque rechazan la rebaja en sí, el Decreto indica que en la nómina de junio les reduce el 5% y deja abierta a la negociación colectiva otro posible reparto.
Sólo en las empresas mercantiles, el Gobierno andaluz no ha sido capaz de encontrar una fórmula para aplicar su ajuste y se limita a rebajar el sueldo de los directivos.
En el caso de los funcionarios de la administración general (unos 50.000) el cálculo del recorte en la nómina resulta complejo. El sueldo base anual bajará entre 18 y 627 euros según las categorías, los trienios entre 0,48 y 24 euros y el complemento de destino entre 164,16 y 611,76 euros al año. Estos tres conceptos son iguales para todos los funcionarios de la misma categoría en todo el país y vienen fijados por el Estado, pero su sueldo lo completan el plus específico y el de productividad, donde la variedad es extraordinaria. Sobre éstos, el Decreto fija una reducción del 5% anual.
Los sindicatos alertan además de que el recorte en la paga extra de diciembre es tal (entre 7,8 y 537,68 euros en la base) que en el cómputo global es como si el sueldo les hubiera bajado desde enero.
