El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al Decreto-Ley del segundo Programa de Transición al Empleo de la Junta (Proteja) que financiará no sólo proyectos de construcción o reformas de equipamientos municipales -entre éstos se dará prioridad a la reparación de los dañados por el temporal- sino también de servicios sociales. El objetivo es que ayude a crear empleo -12.000 según las previsiones- no sólo entre obreros afectados por el parón de la construcción sino de mujeres, jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Los ayuntamientos deberán presentar su solicitud y el primer proyecto antes del 1 de julio (en www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/PROTEJA) y los demás antes del 15 de agosto -la Junta los validará según vayan presentándose en un plazo máximo de 15 días- e iniciar todos los proyectos entre octubre y noviembre.
El plazo de ejecución es de 12 de meses prorrogable otros tres y, para evitar la precariedades de los contratos denunciada por los sindicatos en el anterior plan -de los 18.800 empleos creados, el 35% fueron de menos de un mes y hubo hasta 136 de un solo día- el nuevo Decreto prohíbe hacer contratos por una duración inferior a la del proyecto.
La Junta también ha modificado la fórmula para pagar a los ayuntamientos. Ya no abonará el total al validar los proyectos sino que anticipará a cada municipio el 20% de lo que le corresponde, recibirán otro 60% cuando adjudiquen los proyectos y otro 20% al justificarlos. Del fondo que se dé a cada proyecto, se exige que un 70% sea para contratos y no podrán emplear a personas que en los tres meses anteriores hayan trabajado para la misma entidad.
El fondo de 20 millones de formación será para reciclar a los trabajadores empleados una vez expiren sus contratos.
