Sin desvelar nada nuevo, a juicio del PSOE andaluz, la declaración el jueves del interventor de la Junta Manuel Gómez ante la jueza Mercedes Alaya ha desatado políticamente una cadena de reacciones en la que, por diferentes motivos, todos coinciden en que en este punto de la investigación sobre el presunto fraude de ayudas públicas destinadas a EREs, la magistrada debe dar ya el paso de implicar directamente a los miembros de la Junta, con el presidente José Antonio Griñán a la cabeza, a los que alude en sus interrogatorios y autos. Ello le obligaría a elevar el caso al Supremo.
Eso sí, mientras el sindicato Manos Limpias personado como acusación particular pedirá directamente la imputación de Griñán, su antecesor Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y el PP-A exigió a Griñán que dé la cara como máximo responsable, junto con Chaves, del caso ERE, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, instó a Alaya a abandonar la imputación selectiva en la que casualmente han quedado siempre fuera personas aforadas. Para Jiménez, elevar el caso al Supremo y que éste decida si hay o no indicios para procesar a Griñán y otros miembros del actual Gobierno la jueza sí ha imputado a exaltos cargos no aforados es la única vía para que haya justicia y evitar el juicio político al que se ven sometidos sin la posibilidad de defenderse, según declaró en una entrevista a Efe.
Pese a los gritos de valiente que recibieron el jueves a Manuel Gómez en los juzgados, y a que en la Junta temen que sea su testimonio el que dé pie a la imputación de Griñán, el acta del interrogatorio revela que Alaya no le exime de responsabilidad. De hecho le imputa por malversación y prevaricación. Cree que no elevó su nivel de alarma y se limitó a meros avisos que acabaron en el cajón para no forzar a los responsables políticos (consejeros implicados y Consejo de Gobierno) a tener que pronunciarse sobre las irregularidades del sistema usado para subvencionar los ERE. Un procedimiento que Alaya considera creado exprofeso (en 2001) para evitar controles sobre un dinero que de manera arbitraria se repartió a empresas o personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE y que sirvió para el enriquecimiento de ciertas personas. Para Alaya, el interventor permitió en connivencia con otros el torcimiento de la Ley y el menoscabo de los fondos de la Junta durante más de una década.
En su declaración, Gómez defendió reiteradamente que hizo las advertencias a las que la ley le obligaba, que todas cayeron en saco roto y que con o sin sus informes, dirigidos a los responsables de Empleo, Innovación y Hacienda, el Consejo de Gobierno pudo cortar un sistema que en ningún momento y a ello se agarra el PSOE y la Junta calificó de ilegal pero sí de inadecuado (como hizo constar hasta en 15 informes, ninguno de actuación). Era, dijo, una mala práctica presupuestaria por arriesgada, al no haber fiscalización previa ni control posterior del destino de las ayudas, y esos riesgos son entre otras la causa de un fraude a las arcas públicas que Alaya cifra en 145 millones de euros.
Eso sí, dejó claro que nunca apreció tal menoscabo de fondos. De haberlo hecho tendría que haber elevado su nivel de alerta. La jueza le recriminó que no lo sospechara ante los abultados desfases presupuestarios detectados en Empleo y le preguntó expresamente si habló de éstos y sus informes sobre las anomalías del sistema con Griñán, Chaves o los responsables de Empleo e Innovación. Gómez sólo admitió haber despachado con la viceconsejera de Economía y actual titular, Carmen Martínez Aguayo, y ve impensable que Griñán (entonces consejero del ramo) y el resto del Consejo de Gobierno no estuvieran al tanto porque eran de notorio conocimiento.
Alaya llegó a cuestionar por qué en 2003 de forma valiente y responsable retuvo créditos de Empleo al detectar un desfase de 38 millones en IFA (hoy IDEA, el órgano pagador que adelantaba el dinero para las ayudas) y sin embargo no actuó ante desfases de hasta 93 y 95 millones en 2004 y 2005. La preguntó si recibió alguna recomendación de que no siguiera interponiéndose en el sistema ideado, algo que Gómez negó. Defendió una y otra vez que no pudo hacer más de lo que hizo, avisar de anomalías, y remató señalando que al señor Griñán los informes de Auditoría no le importaban nada.
Desde el PSOE-A, Jiménez destacó que Gómez negó presiones, la ilegalidad del sistema y que se detectara menoscabo de fondos públicos y pese a ello Alaya siga apuntando a la cúpula de la Junta en una instrucción que no busca conocer la verdad sino la relevencia de los elementos políticos por encima de los que tienen una trascendencia penal. El PSOE quiere que el caso vaya al Supremo porque Alaya no avanza en los puntos sustanciales que se conocen hace ya tres años y se corre el riesgo de que desaparezcan pruebas, la Junta no pueda recuperar parte del dinero que se haya podido malversar y queden libres los verdaderos responsables por una incorrecta instrucción.
