Los socialistas, desde la sede federal y desde la andaluza, se apresuraron ayer a desvincularse cuanto antes de cualquier tipo de pacto con el Gobierno del PP sobre la reforma de la Administración local, que implique la eliminación de las mancomunidades, el recorte del número de concejales y la "expropiación" de competencias a los ayuntamientos más pequeños. En teoría estos tres epígrafes están incluidos en el proyecto de Ley de Bases de Régimen Local, adelantado ayer por El País, que dio cuenta de lo avanzado de las negociaciones entre PSOE y PP. El Gobierno de Mariano Rajoy prevé aprobar la reforma en el próximo Consejo de Ministros, antes de que finalice el mes de enero.
El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, fue el primero en expresar su "rechazo total" a las modificaciones que plantea el borrador. "Lo que está encima de la mesa en estos momentos no le gusta al PSOE-A y no lo va a respaldar", sentenció. Poco después, uno de los actores de la negociación, el Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, emitió un comunicado urgente desde Ferraz para aclarar que, de momento, ve "muy lejano" el acuerdo con el PP. Zarrías confirmó que el pasado 29 de diciembre el Gobierno hizo llegar a su grupo un documento parcial que, dijo, "dista mucho de las posiciones que defiende el PSOE para hacer nuestras administraciones locales más eficientes, eficaces y austeras".
Los socialistas andaluces han vuelto a levantar un muro de contención para frenar la política que desarrolla su partido desde Madrid. En esta ocasión los motivos son más evidentes, porque Andalucía es la única comunidad que ha aprobado unas leyes autonómicas que regulan las competencias y la financiación de los ayuntamientos y profundizar en la llamada tercera descentralización administrativa. La Junta ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley estatal de Administración local si ésta resta competencias a las normas andaluzas: la Ley de Administración Local (que clarifica las competencias de los alcaldes) y la Ley de Participación de Entidades Locales en los Tributos de la Junta (que trata de regular la financiación para esas nuevas atribuciones). Además, como ayer advirtió de inmediato el PP andaluz, si se eliminasen las mancomunidades, los socialistas perderían al instante la mayoría en votos que tienen en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El voto agrupado de las mancomunidades es el clavo ardiendo al que se agarra el PSOE para reivindicar la presidencia del foro de alcaldes, que ahora retienen accidentalmente los populares.
Los socialistas y el Gobierno de Rajoy coinciden en que es necesario una reforma de la Administración local para evitar duplicidades de servicios. Según el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, ambos trabajan sobre la idea de "eliminar o reducir" las casi 1.000 mancomunidades que hay en España, y que aglutinan la gestión conjunta de los pueblos más pequeños. En este punto, así como en la propuesta de reducir el número de concejales con dedicación exclusiva, hay un cisma total entre socialistas y populares. "No compartimos acabar con las mancomunidades sin antes hacer una evaluación de su funcionamiento", apuntó Zarrías. Respecto a los concejales, también el presidente de la FEMP, el popular Iñigo de la Serna, recordó ayer que el 85% de los ediles de España no cobra por su labor en el Consistorio. Hay más coincidencia, sin embargo, en la propuesta de limitar los salarios de los alcaldes para que ninguno cobre más que un secretario de Estado (67.055 euros). En Andalucía, los dos partidos ya pactaron en 2010 limitar el suelo de los regidores en función de la población de sus municipios o ciudades. Sin embargo, los alcaldes de Málaga (Francisco de la Torre) y Huelva (Pedro Rodríguez) siguen estando entre los mejor pagados del país. De la Torre percibe 77.673 euros al año, más que Rajoy y que Griñán. Rodríguez gana 67.892 euros anuales.
La futura ley también permitirá al Gobierno tutelar el ejercicio de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y, en caso de que desempeñen sus funciones por debajo de un estándar de calidad, podrían perder sus competencias. "El PSOE-A no va a consentir una expropiación de democracia", señaló Jiménez.
