El PSOE andaluz abrió fuego ante la presión que la Generalitat y el PSC están metiendo en la negociación de la financiación. La amenaza de "radicalización" de Cataluña topó con Andalucía: nadie tolerará ni un acuerdo bilateral ni mucho menos un cupo al estilo vasco, avisan. El Gobierno pidió "prudencia".
La Generalitat y los socialistas catalanes están asestando toda su artillería para lograr que el sábado 9 de agosto, como mandata su Estatut, se cierre un acuerdo con el Gobierno central que defina los principios del nuevo sistema de financiación autonómica -que reparte el dinero del Estado entre las autonomías-.
El PSOE andaluz salió el lunes al paso y su vicesecretario general, Luis Pizarro, alzó la voz: lo que quiere Cataluña "no va a ser posible", zanjó. Hay "límites" fijados en la Constitución que ni ellos ni muchas otras comunidades van permitir que nadie se salte, agregó. La "solidaridad" y la "igualdad entre todos los ciudadanos vivan donde vivan" son intocables. Que el Gobierno de la Generalitat advierta de que si las negociaciones fracasan reclamará un sistema de concierto económico como el que disfruta el País Vasco es simplemente "imposible" dentro de la Constitución española, reiteró el dos del PSOE-A. Pizarro no ocultó su hartazgo por el pulso de Cataluña y señaló que los socialistas andaluces no pueden estar todo el día "batallando" con los "compañeros catalanes".
Por ahora, Cataluña tiene este asalto perdido y todo apunta a que no habrá acuerdo entre esta comunidad y el Gobierno antes de la fecha límite del Estatut. El Ejecutivo de Zapatero ya advirtió de que los plazos del texto catalán no se cumplirían. Ha arrancado la negociación y el Gobierno confía en tener nuevo modelo en septiembre para estrenarlo en 2009. Además el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha vuelto a dejar muy claro que no se recortará la solidaridad entre regiones como exige Cataluña. En una entrevista en El País rechazó limitar la solidaridad a sanidad, educación y servicios sociales -como pide el Estatut- y abogó por garantizar recursos para todas las competencias en manos de las comunidades más allá de estos servicios básicos. Señaló la necesidad de nivelar también los recursos en justicia, ejemplificó.
Ante el bloqueo, Cataluña ha endurecido su ofensiva. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, unió días atrás su voz a los nacionalistas y advirtió al Gobierno en esta recta final de que si no cumple en financiación abrirá una herida en Cataluña que puede causar una "gran radicalización". También desde el Gobierno catalán su conseller de Interior, Joan Saura, miembro de ICV -en el tripartito junto al PSC y ERC-, advirtió de que Cataluña no está sola sino respaldada por otras comunidades. El Gobierno enmarcó ayer las declaraciones como "parte del escenario de la negociación" y pidió prudencia.
La amenaza de los socialistas de Cataluña de batallar con el Estado por un concierto económico como el del País Vasco no es nueva. En 2005, esta demanda de cupo incluida en el Estatut y borrada a su paso por el Congreso, fue la que desató la tormenta. Tres años después, los socialistas catalanes vuelven a la carga. La batalla ha entrado en una espiral.
