El PSOE andaluz denunció ayer el boicot de los alcaldes del PP al decreto contra la exclusión social, que pone en manos de los ayuntamientos la posibilidad de realizar contrataciones para parados de larga duración con cargas familiares. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, acusó a los populares de actuar con el colmo de la indolencia negando puestos de trabajo e incluso señaló que los regidores repiten la actitud de la diputada nacional Andrea Fabra, aludiendo a su que se jodan. Desde el PP andaluz, su secretario general, José Luis Sanz, aclaró que todos los alcaldes de su partido se sumarán al decreto, aunque esperarán a que llegue el dinero antes de firmar contrataciones. La polémica reside en un informe encargado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), órgano presidido por el PP, que cuestiona los fondos de ese plan social aprobado por la Junta y denuncia las inconcreciones en la materialización de esas medidas, que en un 50% aplicarán los consistorios. El decreto, dotado con 120 millones de euros, habilita un programa especial de contrataciones que deben gestionar los ayuntamientos y que está dotado con 40 millones para los 771 municipios de la comunidad. Los fondos se repartirán en función del número de parados del municipio. Los contratos pueden ser de 15 días a 3 meses y el destino de los trabajos que contrate el consistorio deberá definirlo cada gobierno local. El número dos de los socialistas andaluces dijo desconocer si la Junta tiene datos que sostenga ese supuesto sabotaje de los ayuntamientos del PP al decreto contra la exclusión social. Ya está abierto el plazo para que los consistorios envíen sus solicitudes. Desde el primer momento, el PP ha criticado esta medida, convencido de que, al final, serán los consistorios los que tendrán que adelantar el dinero. Jiménez defendió que, pese a los problemas de Tesorería, la Junta siempre cumple con los pagos a los consistorios. No somos antisistema. Eso sí, esperaremos para firmar los contratos a que llegue el dinero de la Junta porque, como comprenderán, los alcaldes del PP-A, y también los socialistas, tienen poca confianza en que la Junta adelante el dinero, dijo ayer en rueda de prensa el número dos del PP-A. La Junta sostiene que con estos contratos de corta duración se podrán beneficiar unos 40.000 parados.
