El Gobierno municipal liderado por Juan Ignacio Zoido ha vuelto a dar una pedrada al PGOU con la licitación del mercado de la Puerta de la Carne, una licitación a la que se sumará hoy la intervención en la cercana Estación de Cádiz y que pasa en ambos casos por manos privadas. Así de rotundo se mostró ayer el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, quien denunció que hay visos de ilegalidad en la primera de estas operaciones, que pasará por que este espacio, que debía estar destinado a equipamientos culturales según el Plan General de Ordenación Urbana, se convertirá en un mercado gourmet, lo que provocará, según el socialista, una inflación de este tipo de iniciativas teniendo en cuenta que se desarrollará una experiencia similar en la Naves del Barranco y que la vecina San Bernardo también contará con oferta gastronómica. Así, Muñoz expresó el rechazo a los dos proyectos de privatización de espacios protegidos y catalogados como equipamientos públicos culturales y deportivos impulsados por el gobierno de Zoido en los últimos días y apuntó que estas decisiones reflejan la falta de modelo y de ideas del gobierno de Zoido. En lo que se refiere al mercado de la Puerta de la Carne, denunció que se han obviado los usos culturales y se ha cambiado por otro mercado del gourmet, un tema que ya está desarrollando la iniciativa privada, que ya ha puesto en marcha este tipo de proyectos en sitios como el mercado de Triana o el Arenal; parece como si llenar la ciudad de este tipo de establecimientos fuera a contribuir a la reactivación económica, recalcó. Muñoz insistió en la gran mentira de Zoido, tanto en el compromiso que se había marcado en el programa electoral como en el anteproyecto planteado para este espacio. Empezó anunciándolo como el Pompidou sevillano y, después, el expediente arrancó con el anuncio de que sería un espacio para creadores de vanguardia andaluza. Posteriormente, se redactó un proyecto que combinaba un mercado gourmet con unos limitados espacios culturales y se ha licitado un pliego que deja el uso cultural como totalmente residual. En este sentido, recordó que la sala central cultural se ha reducido de 441 a un espacio de 200 metros gestionado por la concesionaria el 80% de los días, que podría usarlo para actos promocionales y publicidad. Entre las dudas legales que plantea la licitación que inicialmente preveía una inversión de 10 millones que se ha quedado en la mitad por parte de la concesionaria, que podrá explotar el espacio 40 añosy, que generan, según dijo, inseguridad jurídica, el interventor recoge en su informe que los pliegos no se pueden licitar sin una aprobación por el Pleno que no se ha producido. A ello se suman las dudas sobre al porcentaje de usos terciarios planteado y que, según la normativa, no puede superar el 20%, así como la edificabilidad total en un edificio con una protección B. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, destacó la legalidad en la que se enmarca el proyecto, que intenta revitalizar un espacio que, dado su estado actual, degrada la zona donde está .