El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido que se suspenda la tramitación de la adenda al convenio suscrito en marzo de 2005 entre el Ayuntamiento, Puerto Triana y Agesa, que establecía la reurbanización del entorno donde se construye la Torre Pelli, para el desarrollo de un nuevo puente en la Isla de la Cartuja e insta a que se establezca un nuevo plan de movilidad "con rigor" en el que intervengan todas las partes.
Torre Pelli. / J.L.Montero
Estas son alguna de las propuestas que ha incluido el PSOE en las alegaciones presentadas a este proyecto de adenda, aprobada en el Pleno de julio y sacado a información pública a principios de septiembre, una adenda que viene a modificar algunas de las condiciones recogidas en el mismo, en particular lo relativo a la financiación y ejecución de las obras de reurbanización del entorno.
Según el documento al que tuvo acceso Europa Press, el PSOE alerta de la necesidad de redactar un plan de movilidad "con rigor y dedicar los recursos previstos en el convenio a su ejecución". Señala además que, tras el rechazo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico al planteamiento municipal del puente, es "poco práctico persistir en el planeamiento rechazado y es una obligación del gobierno municipal dar soluciones alternativas".
"No es la propuesta la que debe llevarnos al estudio de movilidad sino que el estudio de movilidad es el que debe llevar a la búsqueda de alternativas, por lo que consideramos imprescindible la elaboración de un plan de movilidad que no parta de presupuestos establecidos", agrega.
También, apunta a la "imposibilidad" de dar respuesta a las necesidades que tratan de satisfacerse a través de la adenda, teniendo en cuenta que el convenio dice que el Ayuntamiento tiene como objetivo que el puente de tráfico rodado que sustituye a la pasarela peatonal prevista en el PGOU, esté finalizada en 2017. "Podemos afirmar de manera contundente que la solución que se prevé dar a través del Convenio, el puente para el tráfico rodado, no estará operativa antes de 2020", afirma, tras detallar ampliamente los plazos que justificarían que el puente no podría iniciar su construcción hasta 2018, lo que "se deduce fácilmente de las bases para el concurso de anteproyectos, con intervención de jurado, para la construcción del nuevo puente".
Advierte además de la "imposibilidad" de suscribir un cambio de un convenio sin el consentimiento de todos los firmantes del convenio original, teniendo en cuenta que Agesa no aparece en la citada modificación, pese a que sí firmó el documento en 2005 y a que una de las parcelas a las que afecta la construcción del puente es de su propiedad. "Parece evidente que un convenio suscrito entre tres no puede modificarse por la voluntad de sólo dos de las partes", matiza, algo que recuerda que ya ponía de manifiesto el Secretario General del Consistorio.
Paralelamente, menciona que las obligaciones que se derivan de la adenda están condicionadas a la aprobación definitiva de la modificación puntual número ocho del PGOU, pese a que "existe la previsión de que dicha condición no va a cumplirse". Recuerda el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio para indicar que "ello supone la imposibilidad de su aprobación y por tanto carece de sentido aprobar la adenda del convenio en los términos en los que actualmente está redactada".
Por último, asegura que el modelo recogido en el proyecto de adenda "no garantiza que las obras que en el mismo se contemplan sean ejecutadas por empresa seleccionada de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia".
