El Ayuntamiento de Sevilla quedará tutelado desde Madrid y con sus competencias reducidas a la mínima expresión. Esas son las repercusiones que, según el portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas, traerá consigo la aprobación del anteproyecto de la Ley de Bases de Régimen Local, que supondría la retirada de competencias de servicios "fundamentales" en materia de asuntos sociales, vivienda, consumo o políticas de empleo. Además, sugiere que la ley abriría la puerta definitivamente a la privatización de empresas municipales como Tussam y Lipasam.
Sobre este último aspecto, Espadas precisó el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda emplaza a los Ayuntamientos se desprende y ceda a la iniciativa privada todas las empresas que no tengan un equilibrio presupuestario. Así, citó que en esa coyuntura se sitúa Tussam y Lipasam, que "sin financiación pública difícilmente llegará a ese equlibrio". La única salida que permitiría la ley, a la que el PSOE se opone, es "o privatizar el servicio o subir de manera exponencial" el billete de autobús o la tasa de basura.
Espadas también ha mostrado su temor hacia el "desmantelamiento" de las competencias del Ayuntamiento, que quedarían limitadas a su juicio "a tareas urbanísticas". El resto de áreas se limitarían sus competencias "a la mínima expresión". Así, ha alertado de que, en matería de políticas de empleo , la ley impediría al Consistorio desarrollar programas con fondos propios y cofinanciados. Eso supondría, según el portavoz socialista, que estaría en peligro la puesta en marcha en 2014 de los talleres de empleo, escuelas taller o programas como Alpes o Redes, que hasta ahora desarrollaban el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía.
A esa lista de retirada de competencias ha sumado también el mantenimiento y limpieza de los colegios, la gestión primaria de salud con programas como el plan ante la drogodependencia, las inspecciones en establecimientos y bares o la labor de la Policía Local, que no podría desempeñar las tareas de seguridad en lugares públicos. En estas restricciones que calificó de "tsunami para el Ayuntamiento y sus empresas municipales" también se incluye competencias en materia de vivienda, en las que Espadas ha indicado que la ley sólo permitiría "actividades en materia de VPO, pero sólo si son rentables".
Ante esta situación, el PSOE ha presentado una moción en el pleno para exigir la retirada de la ley. Para ello, Espadas ha solicitado que sea el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, el que debata directamente ante "una de las medidas más importantes que se han podido plantear en este mandato", algo que ha recordado que no se ha producido todavía en lo que va de mandato. "No me vale que lo comente sin réplica y espero que esta vez asuma la portavocía", ha señalado Espadas, que espera que así se muestre no sólo su valoración de la ley como alcalde, sino la del PP andaluz.
