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El PSOE apoya la "ofensiva" del Gobierno en reformas sociales

Se modernizarán las políticas de empleo y la reorientación laboral de los parados.

el 09 nov 2010 / 22:04 h.

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El presidente del Gobierno posó ayer con los asistentes a la reunión del Consejo Territorial del PSOE.
Los barones del PSOE y sus secretarios regionales dieron ayer su respaldo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su "ofensiva" en políticas sociales que tiene como primer capítulo la "urgente e inaplazable" reforma de las políticas activas de empleo, que ya están obsoletas, y en la reorientación de la formación que se ofrece a los parados.

En este encuentro, el PSOE y el Gobierno apostaron por mantener la ayuda de 420 euros a los parados sin prestación.

Así lo aseguró en rueda de prensa al término del Consejo Territorial del PSOE, el presidente de este órgano del partido, José María Barreda, quien manifestó que Zapatero les arengó para seguir solucionando los problemas.

El secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, que estuvo acompañado en la comparecencia ante los medios por el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, destacó la importancia de la reunión por el tema "crucial" que se trató y por su "potencia política". Desveló también el ambiente que se vivió ayer, un clima "muy positivo" y un estado de ánimo, dijo, "que no tiene nada que ver con el que se vivía hace relativamente poco tiempo y un deseo de pasar a esa ofensiva política poniendo en el centro de la escena las políticas sociales".

Barreda aseguró que en el encuentro sólo se habló del tema "crucial" de la reforma de las políticas activas de empleo, para las que se destinan 8.000 millones de euros, que no se aumentarán.

El presidente de Castilla-La Mancha explicó que el objetivo de la reforma es apoyar a las personas que están sin empleo ayudándolas de manera más eficaz en su cualificación para que puedan encontrar cuanto antes un trabajo. Recordó que las competencias normativas de las políticas activas de empleo corresponden al Gobierno, mientras que la competencia de ejecución es de las comunidades autónomas, por lo que es fundamental que haya una mejor coordinación y un perfecto entendimiento entre las políticas de ambos niveles de la Administración.

Por ello, el itinerario que se ha fijado el Gobierno, según explicó Barreda, pasa primero por hablar con los interlocutores sociales y con todas las comunidades hasta llegar a la celebración de una conferencia sectorial sobre este asunto para, posteriormente, aprobar un decreto ley donde se recogerá todo lo pactado.

Así, la reforma pretende no sólo conjugar mejor la competencia normativa del Estado con la de las comunidades, sino también conjugar mejor lo público con lo privado en la intermediación del mercado de trabajo y el desarrollo de acciones para mejorar la atención de las personas desempleadas, que buscan sea "más personalizado".

Guardia en alto. Sobre la situación en el partido, Barreda insistió en la necesidad de mantener la tensión competitiva y no "bajar la guardia", porque queda mucho tiempo para las elecciones. Además, señaló que el Gobierno tiene en su agenda "algunas prioridades" que recordó Zapatero y que tienen que ver con los autónomos y con las políticas de conciliación. En este contexto, desveló que el Ejecutivo prepara un proyecto legislativo que está relacionado con la "igualdad de trato entre todos los ciudadanos".

Este proyecto del Gobierno, sin embargo, no gusta al presidente del PP, Mariano Rajoy, quien dijo ayer que la "agenda social" de Rodríguez Zapatero ha sido "letal" para los intereses de los españoles porque desde que comenzó la legislatura ha "engañado a todos, a quienes le votaron y a los que no".

En su intervención en el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Ricardo Tarno, Rajoy criticó el encuentro que Zapatero tuvo con sus barones. "La reunión no vale", recalcó Rajoy, quien advirtió a Zapatero de que "las palabras no valen, lo que valen son los hechos", al tiempo que ofreció varias propuestas: pedir al Gobierno que no congele las pensiones, cumplir con el Pacto de Toledo, gestionar bien, dejar de subir los impuestos, lanzar una línea de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, que no se pague el IVA hasta que no se cobren las facturas, y que el Instituto de Crédito Oficial dé créditos a los ayuntamientos.

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