El PSOE quiere que el Congreso de los Diputados reconozca el malestar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ha generado en Cataluña y, desde el acatamiento al fallo judicial y la lealtad constitucional, solicitará en la Cámara Baja que el Gobierno impulse los cambios legales necesarios que permitan el máximo desarrollo Estatut a pesar de que el TC haya declarado inconstitucionales 17 artículos y no reconozca a Cataluña como nación.
Así consta en la primera de las 15 propuestas de resolución que el grupo socialista ha presentado tras el debate sobre el estado de la nación y que serán debatidas el próximo martes por el pleno del Congreso. El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, y el diputado catalán Daniel Fernández aseguraron en rueda de prensa que es una iniciativa útil y constructiva, con la que los socialistas se comprometen a desarrollar "una fuerte acción política" con el fin de sumar y aunar esfuerzos para ofrecer soluciones.
La propuesta, de la que han sido informados el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, será negociada con el resto de fuerzas parlamentarias antes del Pleno del martes, especialmente con las catalanistas. Fernández consideró que se trata de una resolución muy relevante por su contenido, por el momento político y porque cuenta con el respaldo de los 169 diputados del grupo socialista, incluidos los 25 del PSC. En este punto, destacó que el PSC tenía "la obligación y la responsabilidad" de trasladar al Congreso, a través del grupo socialista, la reacción ciudadana que ha habido en Cataluña a la sentencia.
Desde el acatamiento de la sentencia del TC, también se insta al Gobierno a desarrollar, a través de todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional, el potencial de autogobierno del Estatut. También, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el sentimiento identitario y de autogobierno de Cataluña se puede encauzar en la Constitución y afirmó que si se plantea una reforma de la misma se podría estudiar aunque requiere "tiempo" y "consenso".
El PP, por su parte, avisó al Gobierno de que optar por la modificación de leyes orgánicas para recuperar las disposiciones del Estatut que el Constitucional tumbó sería incurrir en un "fraude de ley".
