La propuesta de revisar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, que datan de 1976, no estaba registrada en la ponencia marco aprobada en el 38 congreso federal del PSOE. Pero el candidato a la Secretaría General que finalmente fue elegido, Alfredo Pérez Rubalcaba, la usó ayer como catapulta para lanzar su candidatura en el discurso, y posteriormente también fue asumida, en términos más generales, por su rival, Carme Chacón. La dirigente catalana se limitó a exaltar la necesidad de un “Estado laico, laico laico”, pero el público reaccionó con el mismo entusiasmo que con la proposición más concreta de Rubalcaba. El mensaje laicista fue el más aplaudido del congreso.
Así que finalmente la propuesta entró en la comisión que discutía el nuevo modelo de partido, a través de una enmienda presentada por la corriente Izquierda Socialista. La modificación del vigente Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno español implicaría cambios legislativos desde el punto de vista económico (la casilla del IRPF para la Iglesia), educativo (la selección y contratación de profesores de religión y el diseño de la asignatura de Religión) y de ámbito jurídico.
Rubalcaba lo usó ayer como un revulsivo para la militancia. El nuevo secretario general del PSOE vino a explicar que si el Gobierno del PP había decidido retornar a sus creencias de hace 30 años (restauración de la ley del aborto de los ochenta, receta para la píldora del día después…), quizá los socialistas también tendrían que replantearse sus creencias más arraigadas desde el principio, y en ese argumento fue a la mayor, poniendo a la Iglesia en el punto de mira, ahora que el PSOE busca reafirmarse en los valores de igualdad y compromiso con las clases más necesitadas.
La anulación del Concordato de España con la Santa Sede forma parte del programa electoral del Izquierda Unida desde hace años. Los socialistas, desde el Gobierno, siempre se habían excusado en que este pacto con el Vaticano tenía muchas más contrapartidas para el país (diplomáticas, conservación de edificios religiosos que asume la Iglesia católica…), que venían a compensar los pingües beneficios para la Iglesia.
Hace casi seis años, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una revisión del Concordato del 76 que supuso nuevas ventajas para la Iglesia tras una negociación que encabezó la entonces vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega. Este acuerdo modificó las condiciones vigentes entonces que databan de 1987 (también con un gobierno socialista) cuando se revisó el convenio inicial de 1976.Desde 2006 se elevó del 0,5 al 0,7 la asignación del IRPF que los fieles pueden aportar a la Iglesia. El Gobierno acordó que si los resultados de esta modificación suponían una reducción de la aportación del Estado a la Iglesia no se compensarían mediante transferencias, aunque el resultado de este nuevo sistema fue una mayor aportación económica del Gobierno central a la Santa Sede. Este mismo pacto incluía que la Iglesia debía presentar anualmente una memoria en la que justificase el gasto de la asignación aportada a la Santa Sede por la casilla de la IRPF.
La proposición fue lanzada por los dos candidatos y posteriormente se debatió en una de las ponencias que debatía la elaboración del documento marco político que debe surgir de este congreso. Su aprobación, sin embargo, quedó pendiente de una votación en el plenario que, al cierre de esta edición, aún no se había resuelto.
