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El PSOE cree que el PP no tiene pruebas para recusar en el TC

La crisis en el Tribunal Constitucional ha desatado la guerra de declaraciones entre los principales partidos políticos de la nación. Ayer, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, tachó de "cínica" la decisión popular de recusar a tres jueces progresistas y alegó que no hay indicios que sustenten tal recusación.

el 14 sep 2009 / 19:43 h.

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López Garrido argumentó que el partido de la oposición ha dicho "a las claras" que recusarán a tres magistrados de corte progresista porque anteriormente lo hizo el Gobierno con dos jueces conservadores. Además, aseguró que "no hay indicio probatorio" que sostenga los escritos, presentados ayer por la mañana ante el Alto Tribunal. El dirigente socialista ironizó con la "sinceridad" demostrada ayer por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reconociendo que las recusaciones respondían a "puras razones políticas".

Los recursos que pretende el Partido Popular plantean un problema: se basan en una supuesta conversación privada de cuyo contenido sólo dio cuenta el diario El Mundo. Según el periódico, durante esa reunión los tres jueces a los que el PP quiere recusar se pronunciaron a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Ahora, en su escrito de recusación, los populares piden a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, que declare si los jueces efectivamente prejuzgaron el asunto, cosa que impediría su participación en el debate sobre la LOTC.

Así las cosas, la principal diferencia entre las recusaciones propuestas por el PP y por el Gobierno (que pide apartar del debate a dos magistrados conservadores), radica en que la del Ejecutivo se basa en un escrito de los jueces en contra de la Ley Orgánica, mientras que la del PP sólo en la información de El Mundo. De ahí que pidan a Casas que confirme su acusación. En esta coyuntura, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió ayer "responsabilidad" al Partido Popular para que no contribuya al "desprestigio de las instituciones". "Espero que no se trate de un dos por uno, porque no es una oferta promocional", dijo la vicepresidenta.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acusó ayer al PP de "arrasar las instituciones". Achacó la propuesta de recusaciones de los populares a la "no aceptación de la derrota, que ha llevado a sus dirigentes a desarrollar una política de tierra quemada". Asimismo, Bermejo calificó esta iniciativa de "irresponsabilidad completa", aunque consideró que se trata de "más de lo mismo".

sobre sensatez.

Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, aseguró que "todo lo que está pasando con el Tribunal Constitucional no es sensato" y que "el PSOE debe asumir un principio básico constitucional, que es garantizar la independencia del poder judicial". Rajoy manifestó que en el Alto Tribunal lo que ha ocurrido es que "la presidenta ha terminado su mandato" y al PSOE, lamentó, "no se le ocurre otra cosa, que es verdaderamente sorprendente, que es hacer una ley para una persona, para prorrogar su mandato.

Mientras tanto, los dos partidos mayoritarios continúan culpándose mutuamente por el previsible bloqueo en la máxima institución judicial del país. El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, responsabilizó al Gobierno de llevar al "límite" la situación del TC, "bloqueando" su actividad para "sabotear" y "demorar" el pronunciamiento sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. Realizó un llamamiento al Ejecutivo para que reconduzca la situación y "cese en el intento de interferir en los órganos judiciales".

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