El PSOE considera que las decisiones judiciales en la instrucción del caso de los ERE, con 49 imputados, son demoledoras para su partido ante el 25 de marzo. El portavoz parlamentario, Mario Jiménez, mostró "todo el apoyo y el respeto" a las decisiones judiciales pero exigió que "no se manipule ni utilice como baza electoral, como hace el PP". El presidente, José Antonio Griñán, fue sutil pero dejó caer ayer que comparte que la instrucción de la magistrada Mercedes Alaya sobre el caso de los ERE se acopla perfectamente a fechas determinantes de la campaña electoral.
Las declaraciones de dos de los principales imputados coincidirán en dos momentos clave antes del 25 de marzo. El presunto cabecilla de la trama fraudulenta, tejida con ayudas públicas sociolaborales, el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, comparecerá ante la jueza el 7 de marzo, a dos días del pistoletazo oficial de la campaña. Estaba previsto que lo hiciera ayer pero una nueva declaración ante la Guardia Civil el pasado martes retrasó su comparecencia. Es la primera vez que hablará ante la magistrada pero cada vez que ha prestado declaración ante la Policía o la Guardia Civil ha apuntado a sus superiores. Habrá otro punto de inflexión: el 20 de marzo acudirá a los juzgados el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que destapó que había gastado parte de las ayudas públicas en "cocaína, fiestas y copas" para él y su jefe. Recibió 900.000 euros en dos subvenciones presuntamente fraudulentas. Ha sido uno de los golpes más duros. El colofón a una trama que comenzó investigando -y confirmando por parte de la Junta-, la inclusión de falsos prejubilados en Expedientes de Regulación de Empleo sufragados con dinero público, que ha puesto bajo lupa todo el sistema de ayudas de la Junta y que ha terminado sacando a la luz comportamientos escandalosos de los responsables públicos que tenían bajo su llave cientos de millones.
El Partido Popular, al margen de la crisis, tiene su discurso de campaña que pivota sobre los 30 años de gobiernos socialistas y el caso de presunta corrupción en la administración de los ERE. Los socialistas se guardan mucho de denunciar públicamente -sí lo hacen en privado- que consideran que la jueza Alaya está haciendo una instrucción que busca beneficiar electoralmente al PP. Sí han trasladado que la magistrada trabaja al dictado de las peticiones del PP.Lo dijo Griñán en sede parlamentaria ["Pone en los autos lo que el PP dice"] y se llevó la reprimenda del TSJA.
La coincidencia electoral del caso con autos e imputaciones no es nueva. Ocurrió en las elecciones generales y en las municipales. En mayo, Alaya citó como imputado del caso Mercasevilla al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. En las generales, el PSOE protagonizó un rifirrafe con la jueza tras unas insinuaciones de Alfonso Guerra que apuntaba a una relación estrecha de Alaya y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. El Consejo General del Poder Judicial salió en defensa de la instructora. Pocos días antes del 20-N, la jueza dictó un auto que señalaba a Griñán como consejero de Economía.
La Junta y el PSOE no acaban de definir un discurso claro sobre Alaya. El Ejecutivo -pese a enfrentamientos tan sonados como el pulso por las actas de los Consejos de Gobierno- se guarda de criticar la instrucción y defiende, ante todo, su máxima colaboración con la justicia. En ocasiones puntuales se ha saltado ese guión.
Ocurre lo mismo con el PSOE. Las críticas las dirigen hacia el uso partidista del caso por parte del PP. Cualquier ofensiva además contra Alaya ha topado con el poder judicial. Ahora la campaña en la que más se juega el PSOE en 30 años está en ciernes y el caso ERE marcará el calendario más que clásicos como los debates televisivos.
