El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la decisión "ilegal y a la ligera" sobre el uso de Fábrica de Artillería, que además cuenta con una "falta de seguridad" por su estado, por lo que pide la revocación de la medida aprobada por la Junta de Gobierno para utilizarla temporalmente por parte el Parque Central de Bomberos para hacer acopio de material y vehículos mientras se rehabilitan sus instalaciones en la calle Demetrio de los Ríos.
En rueda de prensa, la concejal socialista Mercedes de Pablos ha señalado que la decisión del PP de dedicar la Fábrica de Artillería a "garaje de los camiones de bomberos se ha tomado a espaldas de la propia Delegación municipal de Cultura, así como de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía", administración ante la que hay que solicitar cualquier "cambio de uso" de un Bien de Interés Cultural (BIC) declarado en 2001 Patrimonio Nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Explica que la consulta del expediente llevado a la Junta de Gobierno el día 9 de diciembre revela que "ningún técnico municipal o especialista en Patrimonio Cultural ha sido consultado sobre el uso del edificio como garaje de camiones de bomberos", lo que considera una decisión "a todas luces una ilegal", ya que no cuenta con las "consultas exigibles a los especialistas y no valora el irreparable perjuicio que se puede ocasionar a un monumento joya de la arquitectura industrial en España".
CARENCIAS "EVIDENTES"
Los socialistas denuncian lo que consideran una "torticera" cesión de uso a los bomberos de un edificio sobre el que el propio PP reconoce en el acuerdo de Junta de Gobierno que dado el estado conservación "no se puede garantizar las necesarias condiciones de seguridad, como tampoco la integridad de las propias instalaciones", según el PSOE, que asegura que se "conocen y evidencian las carencias no sólo de seguridad y de falta de vigilancia en los accesos, sino el riesgo para la integridad de las personas que por él transiten".
En el acuerdo, el PP justifica el nuevo uso en que dada la "especial vulnerabilidad" del edificio, "y mientras se toman decisiones para su protección, se tomen medidas alternativas como la puesta a disposición de su uso a las Delegaciones municipales que lo precisen, para al menos disuadir las intromisiones y hurtos que se vienen detectando así como posibles ocupaciones ilegales que dificulten y agraven el deterioro de las instalaciones". A juicio de De Pablos, con argumentos "tan domésticos y faltos de rigor y respeto como éste, el PP abre en canal las puertas del monumento para que pueda ser utilizado sin ningún tipo de restricciones".
Por último, indica que el documento de Gobierno firmado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, "autoriza (el uso), en virtud de la petición de Seguridad y Movilidad, atendiendo a los principios del Plan de Racionalización y optimización de los edificios municipales y otros bienes del Ayuntamiento" con lo que trata este emblemático complejo artístico y cultural como "cualquier otra dependencia municipal sin valor histórico alguno".
Insiste en que el "único" informe en el que el gobierno del PP apoya su decisión fue solicitado a dos arquitectos municipales con objeto de "informar sobre la seguridad del edificio así como las posibilidades de realizar visitas y rodajes", es decir, que no sólo "no existe un documento técnico de especialistas en Cultura, sino que ni siquiera se solicitó un informe exprofeso para el uso que finalmente han decidido darle".
