Que lo que dicen las direcciones nacionales de los partidos en las reuniones en Madrid no lo cumplan sus dirigentes locales en los pueblos y ciudades. En eso parece consistir el Pacto Antitransfuguismo a la luz de las declaraciones cruzadas de ayer en Andalucía. La letra del acuerdo dice todo lo contrario.
En Bollullos Par del Condado, el PSOE denuncia que el PP permita con sus votos que gobiernen concejales expulsados de IU. Pero en Jabugo, hace un año, todos los partidos consideraron que los socialistas habían incurrido en un caso de transfuguismo por integrar a un concejal popular en su equipo de gobierno sin el permiso del PP. Los beneficios locales que reportan estos pactos rompen la coherencia de los discursos de sus partidos. Ayer, después de que la dirección federal del PSOE admitiese que en Jabugo no han hecho los deberes y que la Ejecutiva regional del partido hiciese una firme defensa de la legitimidad del Pacto -cuestionado por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz-, los socialistas de Huelva rompieron la cadena y negaron la mayor: lo de Jabugo, dijo la portavoz del partido en la provincia, María José Rodríguez, no es transfuguismo, aunque hace un año la Mesa habilitada para ello declarase lo contrario por unanimidad.
Según su teoría, el edil de Jabugo Manuel Carvajal, integrado en el gobierno municipal que lidera José Luis Ramos (PSOE), "no fue un concejal del PP", por lo que "no da lugar" a considerar este caso como transfuguismo. Rodríguez defendió esta tesis después de que el secretario federal de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, admitiese que su partido "está tardando demasiado" tiempo en resolver la situación del alcalde después de que fuera declarado tránsfuga hace un año.
Pese al paralelismo, Rodríguez explicó que "hay una cuestión radicalmente diferente, que no permite hacer una equiparación" entre el caso de Bollullos Par del Condado (Huelva), donde los ediles del PP e IU firmaron una moción de censura contra el alcalde socialista, Carlos Sánchez. "El PP no llegó a inscribir nunca al concejal en sus filas, no formó nunca parte de él", sostuvo. El edil, en cualquier caso, fue elegido en la lista electoral de los populares.
Las declaraciones de la dirigente onubense deslegitimando la decisión de la Mesa contrastan con las que, por la mañana, hizo la responsable del PSOE-A en Política Municipal, Carmen Tovar. Después de que su partido haya pedido que se revise la decisión de declarar tránsfuga al alcadle de Castril, Tovar sostuvo que, "desde la coherencia y la objetividad", su partido asumirá la última palabra de la Mesa.
Ese órgano se encarga de velar por un pacto que se firmó en 1998 y que se reforzó después al decidir que, en los casos en los que no hubiese unanimidad, un comité de expertos tuviese la última palabra y que todos los implicados en el pacto tuviesen que acatar su dictamen sin fisuras.
Pero la decisión de los expertos no convence a todos. Ayer, el PP insistió en sus tesis. La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, aseguró que el PSOE-A ha convertido a la Mesa en un "instrumento partidista a su servicio". En declaraciones a Europa Press, Corredera dijo que el PSOE-A cumple los dictámenes del citado órganos "sólo cuando le conviene". "La comisión de expertos ha demostrado que no es parcial y que todo lo que decide es una gran mentira", concluyó.
