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El PSOE declina pactar el nuevo sector público

La oposición pidió aplazar las vacaciones para negociarlo

el 29 jul 2010 / 19:09 h.

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El Parlamento aprobó ayer por la vía de urgencia el decreto ley que reordenará el sector público, con la supresión por fusión de 111 de las 255 empresas públicas y la transformación jurídica de otras 16. Es la mayor reforma de la administración que ha acometido la Junta, que afectará a casi 24.000 empleados y permitirá ahorrar 115 millones de euros en tres años. Precisamente por el grado de importancia de esta iniciativa (que los sindicatos rechazan) los partidos de la oposición, PP e IU, le solicitaron ayer a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que consintiera en pactar los cambios del sector público.

Fue durante la Diputación Permanente -órgano encargado de velar por la actividad del Parlamento en época de vacaciones-, que sin embargo terminó convalidando el decreto ley con los votos únicos del PSOE, y el rechazo del PP y de IU. El coordinador regional de IU, Diego Valderas, asumió que era necesaria una reforma integral del sector público para contribuir a la estabilidad presupuestaria, pero pidió, casi por favor, que se negociaran los cambios, "aunque para ello haya que atrasar las vacaciones". "Es tal su importancia, que pido que se haga como proyecto de ley, aunque tengamos que estar aquí todo agosto", dijo. Tanto IU como PP pidieron que se tramitara la reforma como un proyecto de ley, que permita a los grupos presentar enmiendas y que abriera un diálogo con sindicatos y empresas para consensuar qué entes desaparecen y cuáles se mantienen. Pero desde el principio Aguayo anticipó que "la tramitación ordinaria hubiera significado un retraso" que la Junta no se podía permitir, para cumplir con los objetivos de estabilidad de aquí a 2013.

La fórmula del decreto ley se incluyó en el nuevo Estatuto andaluz como una medida excepcional para aprobar cambios legislativos que demandaran cierta urgencia. Es un sistema que rehuye el trámite parlamentario y que desde que se aprobó, en 2008, el Gobierno ha usado en nueve ocasiones, seis de ellas en los últimos diez meses. Esto ha supuesto el 50% de la producción legislativa de la Junta en el último curso político que ahora se cierra.

Valderas calificó esta estrategia como la del "Ferrari-decreto", mientras que los populares se quejaron de que hayan generalizado un instrumento que se suponía "extraordinario". El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, no respondió a ninguna de las peticiones y dedicó sus minutos a atacar al PP, acusándoles de pretender la "voladura del sector público empresarial".

La reordenación del sector público pasa por agrupar en grandes agencias públicas un ramillete de sociedades dispersas. También se concentrará el trabajo de todas ellas en un mismo edificio, que se trasladará a las capitales y ciudades de 100.000 habitantes para ahorrar tanto en el alquiler como en el mantenimiento de los inmuebles.

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