Tras la presentación de los recursos contra el auto de incoación del jurado emitido por la juez instructora del caso del supuesto cobro de comisiones en Mercasevilla, todas las partes han tenido un periodo de tres días para presentar alegaciones a los recursos del resto de implicados. Este trámite ha sido aprovechado por la defensa de Fernando Mellet para arremeter contras las acusaciones particulares de PSOE, PP y PA, y especialmente contra el contenido del recurso de los socialista. El PSOE, en su escrito, al que tuvo acceso este periódico, justifica su actuación, se defiende de las críticas de la magistrada, e incide en la falta de base para las imputaciones del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas -cuya situación califica de "indefensión constitucional- y de la secretaria de Mellet, Regla Pereira.
"La actuación de la acusación particular tiene que garantizar los legítimos derechos de los imputados y aunque la magistrada lo califica de peculiar no va incidir en el ejercicio responsable de la acusación particular", explica el PSOE en su auto en el que insiste en que hay "una discrepancia que no supone una quiebra ni un menoscabo del sistema judicial" y que gira en torno a tres ejes: el rechazo a las imputaciones de Pereira y Rivas; la consideración de que las fianzas impuestas son excesivas y el rechazo a la consideración de funcionarios aplicada a Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce.
El PSOE se suma al contenido del recurso de la defensa de Antonio Rivas y denuncia su situación: "No ha obtenido una tutela judicial efectiva lo que le ha generado una indefensión constitucional, y una acusación particular debe oponerse a imputaciones que puedan generar indefensión". En esta misma línea, los socialistas se suman a una de las peticiones del PP: realizar una investigación patrimonial de Antonio Rivas y Regla Pereira -para quien también piden la retirada de la imputación al entender que no se le pueden imputar delitos- para poner de manifiesto su "escrupuloso comportamiento".
El resto de peticiones del PP son sin embargo rechazadas. Especialmente la imputación del alcalde: "A los pocos días de su noticia, se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía, siendo indiferente a efectos penales, que transcurrieran cuatro o diez días". Los socialistas apuntaron así a que ésta y otras peticiones del PP promovían una "dilación innecesaria e indebida".
Para Fernando Mellet y Daniel Ponce, los dos implicados en la conversación grabada por los empresarios del Grupo La Raza que inició la investigación, el PSOE solicita que se le imputen los delitos de estafa en grado de tentativa y no de cohecho. En su alegación, inciden en sus argumentos: "Hay una total ausencia de carácter de funcionario o autoridad pública de los señores Mellet y Ponce, por lo que entendemos que se trata de una estafa, al ser dinero público, en grado de tentativa".
Tras subrayar estos argumentos, el letrado socialista insiste en justificar su actuación frente a las críticas de la magistrada, de la acusación particular impulsada desde el PP e incluso desde la defensa de Fernando Mellet en su último auto en el que arremetía contra el contenido del último recurso presentado por el PSOE: "Lamentamos profundamente que ese responsable ejercicio de la acusación popular sea calificado de peculiar, pero nuestra deontología profesional nos impide mantener la acusación particular contra quienes entendemos que no existen indicios racionales de criminalidad".
Una vez recibidas las alegaciones de todas las partes la juez debe emitir un auto puede ser determinante para la continuidad en su cargo del delegado de Empleo, Antonio Rivas, si confirma su imputación en el caso.
