El PSOE registró ayer su iniciativa para dar continuidad al debate del Plan del Centro y aclarar las responsabilidades del gobierno local en su actuación durante la derogación del plan de acceso al casco histórico. Y centró claramente su objetivo en que se delimiten "responsabilidades políticas" en el seno del gobierno local. Así, en la propuesta de convocatoria del Pleno, se plantean hasta tres reprobaciones de miembros del gobierno local. Por un lado, la del portavoz y presidente de la comisión, Francisco Pérez, quien salió públicamente a denunciar "el fraude de principio a fin" del plan. Por otro, la del portavoz del grupo popular, Juan Bueno, quien defendió la creación de la comisión de investigación en el primer pleno ordinario de este mandato. Y, por último, del alcalde, Juan Ignacio Zoido, por sus declaraciones sobre el funcionamiento del sistema de control de accesos.
El PSOE, cuya propuesta de Pleno debe ser aceptada debido a que cuenta con el respaldo de más de una cuarta parte de la Corporación municipal, hace balance de las declaraciones de la comisión de investigación del Plan Centro, que sólo ha superado la primera fase de declaraciones aunque el regidor la ha dado ya prácticamente por zanjada: "Se demuestra la falsedad de todas y cada una de las irregularidades denunciadas. El gobierno ha dado por finiquitada la comisión de manera precipitada, pero no ha podido evitar que la verdad haya salido a la luz".
Los socialistas, de esta forma, consideran que los testimonios que se han realizado en la comisión de investigación hasta ahora ya sirven para reclamar "responsabilidades políticas" en el gobierno municipal. Así, se señala en primer lugar al portavoz del gobierno, Francisco Pérez "por difundir públicamente falsedades sobre la implantación y funcionamiento del plan del casco histórico y ocultación de información que lo ponía en enfredicho". Se refiere la oposición a la presentación por parte de Pérez de un informe firmado por el jefe de servicios del Centro de Control de Tráfico, que denunciaba delitos de sus compañeros e irregularidades en la actuación de la empresa Sice. Este informe fue luego rebatido por los funcionarios del área de Tráfico y por la propia empresa adjudicataria del servicio, en este caso antes incluso de su difusión pública, ya que Sice respondió al Ayuntamiento a partir de su primera declaración alertando de que las cámaras no funcionaban correctamente.
En esta línea, las declaraciones de Pérez las continuaron posteriormente, según los socialistas, el portavoz del grupo municipal del PP, Juan Bueno, incluso en sesión plenaria, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Son estas declaraciones las que la oposición reclama que sean reprobadas en una sesión plenaria extraordinaria que debe convocarse antes de fin de año, aunque la fecha depende del PP.
Junto a estas iniciativas, los socialistas solicitan un reconocimiento a la "profesionalidad" de los funcionarios del área de Tráfico, que ya advirtieron públicamente en la comisión de investigación su malestar por las acusaciones vertidas sobre ellos y por la actuación del jefe de servicios del Centro de Control de Tráfico, al que llegaron incluso a acusar de sustraer documentos. El gobierno aún no se ha dirigido a ellos, aunque sí llegó a plantear que haría lo posible por contribuir a mejorar la imagen de la empresa Sice que denunció "un grave daño a su imagen".
Por último, los socialistas orientaran el Pleno hacia la situación actual del Centro y especialmente al funcionamiento actual de las cámaras. El PSOE pide que se traslade a la Agencia de Protección de Datos por si se vulnera la legislación vigente.