Ni con el drama de los desahucios consiguen ponerse de acuerdo PSOE y PP, que manejan guiones diferentes para atajar una hemorragia que sólo el año pasado dejó sin hogar a unas 1.400 familias sevillanas. El PSOE aboga por reunirse con colectivos sociales y vecinales, conformar grupos de trabajo y efectuar una labor preventiva. El Gobierno local, por su parte, insiste en que ha taponado la herida poniendo freno a las órdenes de desahucios que acechaban al parque de vivienda de Emvisesa -que conforman una pequeña parte del total de lanzamientos-, en las medidas que lleguen desde el Estado y la atención a las personas con demanda de ayuda desde los servicios sociales.
Ese marco, dibujado por la delegada de Familia y Asuntos Sociales, Dolores De Pablo-Blanco, en respuesta a la oposición, no convence al PSOE. Ni ahora ni hace unos meses, cuando el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, reclamó vía pleno la puesta en marcha de 12 medidas concretas contra los desahucios, entre ellas la puesta en marcha de una comisión con entidades sociales para elaborar un diagnóstico de la situación, procurando servicio de intermediación a sevillanos en peligro de desalojo y la elaboración de un plan de alquiler a precio asequible de viviendas vacías de iniciativa privada. Esa comisión, aunque no fue admitida en el pleno bajo el argumento de que el Gobierno municipal ya tenía sus propios planes, no se guardó en el cajón. Espadas se empecinó en su constitución, que se formalizó ayer en una reunión con asociaciones de consumidores (Facua y aUCE) la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Usuarios de Bancos (Adicae), letrados especializados en casos de desahucios del Colegio de Abogados de Sevilla y, en especial, las dos plataformas sociales que han estado en primera línea contra los desahucios, antes que el PSOE encauzar su rumbo y colaborar en atajar el problema: Stop Desahucios y el 15-M.
Espadas no quiere quedarse en las acciones ya emprendidas por el Consistorio que "atañen a una mínima parte de los afectados". El guión de esta comisión está dividido, en principio en tres actos. El primero se centra en realizar "un diagnóstico preciso" -esto es, distrito por distrito- de la situación de Sevilla para detectar los casos en los que se podría actuar de manera preventiva, es decir, antes de que el juez emita un dictamen de lanzamiento, que facilitaría el proceso para una resolución positiva. La segunda parte necesita de la colaboración de la abogacía. A través de letrados del Colegio de Abogados de Sevilla, se confía en constituir un grupo de arbitraje para asesorar legalmente a los afectados. Por último, está la parte más compleja: ampliar el parque social de viviendas, para lo que el PSOE cuenta no sólo con la iniciativa pública, sino con la privada, donde son las entidades bancarias las que cuentan con mayor stock de pisos vacíos. Al respecto, Espadas no descarta reunirse con los bancos.
Espadas dibuja este escenario, con idea de que "si el alcalde quiere, lo asuma". Sin embargo, no se ve que ese extremo sea posible, ya que el Consistorio tiene claro sus competencias y, en ese sentido, incidió ayer que "las políticas de vivienda son de la Junta".
