Las conclusiones de cada partido sobre la comisión de investigación en el Parlamento del fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) pagados con dinero público simulan una pirámide. Por una parte está el PP, que apunta a lo más alto y asegura que tanto el expresidente de la Junta Manuel Chaves, como su sucesor, José Antonio Griñán -además de otros 14 exaltos cargos- son los "responsables políticos" de una trama irregular de ayudas tejida durante más de una década. Luego está IU, socio de Gobierno del PSOE, que ha sorteado su complicado papel en la comisión con un dictamen donde culpa a la escala intermedia, en concreto a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. Los socialistas, por último, se situaron en la base y limitaron "en exclusiva" la responsabilidad del caso a la Dirección General de Trabajo de la Junta, comandada durante ocho años por Francisco Javier Guerrero, el último de los imputados en salir de prisión.
El PP tildó de "lamentable" que el PSOE solo "eche la culpa" a Guerrero del presunto fraude de 1.200 millones de euros en ayudas públicas repartidas durante diez años. Los socialistas dejaron claro en sus conclusiones -el plazo para registrarlas acabó ayer por la tarde- que únicamente pueden achacar las irregularidades a la Dirección General de Trabajo porque era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas". El PSOE andaluz solo reconoció que ha habido un "uso indebido" de las subvenciones por parte de Guerrero "sin que quepa extender más allá de dicho órgano administrativo la responsabilidad", reza el documento de 69 páginas. Esto quiere decir que los socialistas exculpan directamente a Fernández -que estuvo en la cárcel- y a Viera -socialista en activo y diputado nacional- del presunto fraude.
El portavoz parlamentario socialista, Francisco Álvarez de la Chica, dijo que su grupo "no comparte en absoluto la visión" de IU sobre la responsabilidad de Viera y Fernández que, según este partido, no ha podido probarse en la comisión de investigación en la Cámara. La federación de izquierdas, que se jugaba mucha credibilidad en sus conclusiones tras haber hecho un buen papel en la comisión, sí apunta a los exconsejeros de Empleo, tal y como avanzó este periódico. Considera que ambos fueron "muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -actual agencia IDEA y entidad pagadora de las ayudas bajo sospecha- y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles".
ntervención. IU asegura que Viera y Fernández "no acertaron" durante "diez años" en la "elección y confirmación de las personas que gestionaban más directamente la partida 3.1.L", conocida como el fondo de reptiles, tanto los viceconsejeros -primero el propio Fernández y luego Agustín Barberá- como el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, "personas sobre las que parece que no ejercían ningún tipo de control ni vigilancia". La formación de Diego Valderas destaca además la "responsabilidad" de Viera y Guerrero en la "discrecionalidad arbitraria que se deduce de la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", su área principal de influencia.
El PSOE defiende en su dictamen que el procedimiento para la concesión de ayudas era "absolutamente legal" y siempre estuvo sujeto al control de la Intervención, que "nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos". Afirma que la Intervención General podría haber paralizado el procedimiento si hubiera detectado fraude. IU cree que la intervención "no ejerció su función". La comparecencia en la comisión del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez fue uno de los testimonios más controvertidos. Gómez aseguró que la Junta podría haber paralizado el sistema de ayudas en 2005, cuando emitió el primero de los 15 informes en los que alertaba de irregularidades. Es por eso que el PP insiste en responsabilizar a "todo el Gobierno andaluz" en la trama, porque considera que todos "supieron de la existencia del instrumento y de los problemas que acarreaba". Para el grupo popular, en el seno del Gobierno andaluz "se ideó un mecanismo para asegurar la paz social, término que consumaba la paz política del régimen". El PP exige la dimisión de Chaves, Griñán; de los consejeros Martínez Aguayo y Antonio Ávila y de otros 12 exaltos cargos.
