El PSOE andaluz respaldó ayer sin fisuras a la Junta por haber aceptado cobrar la deuda histórica no con dinero en métálico, sino íntegramente con el suelo y los bienes que el Gobierno central le ha transferido a Andalucía.
Los 784 millones de euros que el Estado aún debía pagar a la comunidad, en cumplimiento del Estatuto de autonomía, se han convertido en solares para vivienda pública en seis provincias, junto a la cesión de Agesa, sociedad que gestiona los activos de la Expo' 92, que cuenta con un patrimonio neto de 150 millones.
El problema es que el Gobierno andaluz ya había comprometido el dinero de la deuda histórica antes de que se confirmara que todos los millones iban a traducirse en suelo. El uso de los 784 millones se planificó así: 300 millones de euros se consignaron en las cuentas de 2009, pero no se cobraron. La Junta contabilizó los 484 millones restantes en los Presupuestos de 2010 (que aún están por aprobar): 190,5 millones en sanidad: 148,6 millones en educación, 66,2 millones en vivienda, 35 en políticas sociales, 14 en medioambiente y 29 en infraestructuras.
La caída en el gasto de cada uno de estos departamentos se amortiguó gracias al dinero fantasma que debía salir de la deuda histórica. Pero ahora ese dinero, como tal, no existe. Aún así, el secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, defendió ayer que las cuentas para 2010 no sufrirán ningún cambio sustancial. "La deuda histórica en solares no descuadra las cuentas. Son solares para vivienda y la vivienda es infraestructura y es inversión directa. Lo importante es que el valor de la deuda, esos 784 millones, estuvieran recogidos en los Presupuestos, y lo están. Ahora lo único que hay que hacer es mover unas partidas hacia un lado y ajustar las inversiones", explicó a este periódico.
La Consejería de Economía, al presentar el anteproyecto de ley de los Presupuestos, se desquitó de aquella idea inicial de que el dinero de la deuda destinase a sanidad, vivienda y educación. Los déficit con los que Andalucía asumió el traspaso de estas competencias en los 80 justificaban la deuda histórica, pero la crisis hizo decrecer las cuentas autonómicas por primera vez, y eso obligó a redefinir el destino del dinero. Así se frenaba la caída en la inversión directa, y en lugar de aceptar un 22% menos, se rebajó el frenazo hasta el 0,4%. Para lograrlo, se contó de antemano con el dinero que se esperaba recibir de la empresa privada (la cofinanciación) y de la deuda histórica. La consejera Carmen Martínez Aguayo ha explicado que los ingresos que recibirá la Junta de la explotación del suelo y los bienes transferidos por el Estado se reinvertirá en educación, sanidad y vivienda, salvando así los compromisos de la deuda histórica.
Todo esto ha llevado a la oposición a anunciar que llevará el acuerdo Junta-Estado a los tribunales por incumplir el Estatuto. El secretario general de PP-A, Antonio Sanz, convocará este jueves un consejo de alcaldes populares para analizar el acuerdo sobre la deuda que pone "en peligro" inversiones en los municipios. Sanz indicó que la reunión será en Torremolinos (Málaga) con "todos" los alcaldes del PP para reivindicar "la dignidad de Andalucía frente al atentando que ha significado este acuerdo".
Sanz aseguró que, al no haber dinero contante, el acuerdo deja "en el aire" la creación de 47 centros de salud y 55 centros educativos, que dependían del dinero que se esperaba de la deuda histórica. El PP pidió ayer la convocatoria "urgente" de la Comisión de Desarrollo Estatutario de la Cámara Autonómica para evaluar "el gravísimo incumplimiento del Estatuto", que supone "la ruptura del consenso estatutario".
