El PSOE andaluz no quiere que se repita el acuerdo unánime que se selló la semana pasada en el Ayuntamiento de Córdoba y por el que se pedía al Estado poder canjear deuda por suelo. Los socialistas hablan de una cuestión de "coherencia" y se suman al pronunciamiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que censura esa iniciativa alegando que ningún consistorio debe hacer "dejación del patrimonio municipal" y renunciar a suelos que pueden servir para equipamientos.
El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, señaló ayer tras la reunión del Consejo Territorial, que esa propuesta, abrazada por PP e IU, no es más que un "atajo" y que han avisado a todos sus grupos municipales para que no se sumen. "No nos parece bien y así lo hemos trasladado", aseguró sobre el hecho de que los socialistas hayan apoyado la medida en el Ayuntamiento cordobés, donde gobiernan con IU. El partido de Diego Valderas anunció que llevarán mociones a los consistorios para defender esta fórmula.
El debate abierto es complicado y pone a los socialistas en una situación difícil. Se han cruzado varios asuntos, todos relacionados con la falta de financiación y el endeudamiento. Estas son algunas claves de la polémica que, según los expertos, es estéril, puesto que no hay base legal para que esta fórmula de pago prospere. Solo si el Estado acepta y cambia la ley tendría cabida y eso es hoy impensable. "Es como si un ciudadano quisiera pagar una multa con un cuadro o sus impuestos con un coche. No puede ser. No hay debate", explica el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, José Sánchez Maldonado, también miembro de la ejecutiva socialista.
La deuda histórica
El PP fue el primero que salió este verano a la palestra a pedir que el Gobierno andaluz saldara su deuda con el Estado devolviendo solares que se habían aceptado como pago de la deuda histórica. La estrategia de los populares pasa por desacreditar la fórmula de cobro que pactó el Gobierno andaluz, que, en mitad de una crisis que había dejado famélica la nevera del Estado, aceptó saldar este contencioso (784 millones) con terrenos. El Ejecutivo autonómico alegó que era lo mismo cobrar en suelo que en dinero, porque los terrenos eran al fin y al cabo un patrimonio, tasable, que podía vender. El PP recurrió al Constitucional y al Supremo.
Anticipos a cuenta
Después de meses de batalla política por la deuda histórica, el PP trató de darle la vuelta a la tortilla. Propuso que la Junta pueda pagar con esos solares el dinero que las comunidades deben abonar al Estado por los anticipos a cuenta cobrados en 2008. ¿Si sirvió entonces por qué no ahora?
Cada ejercicio las comunidades elaboran sus presupuestos con una estimación de a cuánto ascenderá su participación en la recaudación de ingresos del Estado. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos con la PIE (Participación en los Ingresos del Estado). En 2008, con una crisis instalada pero aún no diagnosticada por los gobiernos, las estimaciones fallaron. Comunidades y municipios recibieron mucho más de lo que se recaudó. Ahora deben devolver al Ministerio de Hacienda 5.000 y 1.500 millones de euros respectivamente de 2008. Queda por despejar cuánto de 2009, donde el saldo también es favorable al Estado. 1.475 corresponden a Andalucía. El Gobierno andaluz insiste en que está recogido por ley -fue una norma de 2004 aprobada por el PP- las condiciones de esos anticipos. En el plazo de dos años, dice la norma, esas cantidades se ajustan. Si la comunidad ha recibido menos, el Estado paga. O al contrario. Precisamente a esa cláusula legal se aferró el Gobierno andaluz para cobrar 2.500 millones por la actualización de la financiación. Dinero que el PP pagó de menos a Andalucía y que saldó Zapatero en 2004.
¿Se ha pagado ya?
Las comunidades han disfrutado de una moratoria de un año para devolver lo que deben al Estado. Fue una de las propuestas que defendió Andalucía al negociar el último modelo de financiación autonómica, cerrado en el verano de 2009. El Gobierno aceptó además un pago flexible en cinco años. Andalucía debe pagar este ejercicio unos 300 millones de euros.
¿Y los ayuntamientos?
En mitad de esta polémica y un día después de que el Gobierno central anunciara que iba a abrir el grifo del endeudamiento para los ayuntamientos más saneados, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, reclamó poder pagar la deuda al Estado por la PIE en solares, como ocurrió con la deuda histórica. Días después en un pleno, el ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad una moción para hacer una excepcionalidad en la Ley del Suelo y hacer prosperar esa fórmula. El Ayuntamiento de Almería, del PP, se ha sumado a la iniciativa.
