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El PSOE pide a la juez que se retire "por el bien de la Justicia"

Los socialistas no ven ningún motivo para recusar a Alaya, pero sí le sugieren que deje el caso. El partido cree que no hay causa fundada para implicar a Marchena.

el 10 nov 2010 / 20:17 h.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya.

Desde que comenzara la investigación del caso Mercasevilla, la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ha sido muy cuestionada por las defensas que, ahora, han planteado su recusación en la última rama abierta por un supuesto delito societario. Un cerco que se ha estrechado después de que la Fiscalía haya solicitado que Alaya sea apartada del caso. El único apoyo que ha encontrado la magistrada ha sido el del PP, que no ve motivos para recusarla.

Sorpresivamente, y pese al ya conocido enfrentamiento dialéctico entre la juez y el abogado del PSOE -que también ejerce la acusación-, los socialistas no entienden que exista causa de recusación en los motivos expuestos por la defensa de Pilar Giraldo (ex directora Económica de la empresa), aunque sí le piden que sea ella la que se aparte del caso "de motu proprio". El abogado de Giraldo exponía que el marido de la juez había sido auditor de Mercasevilla hasta 2002, cuando Fernando Mellet, principal imputado, llegó a la empresa, por lo que la juez podría tener conocimientos extraprocesales e incluso animadversión por la salida de su marido.

Sin embargo el abogado del PSOE insiste en "que no existe causa de recusación de la instructora, ni apoyará ninguna causa de recusación basada exclusivamente en la noticia facilitada y contrastada, que no afecta a su imparcialidad, dado su acreditada profesionalidad". No obstante, sí incide en la necesidad de "abstenerse de continuar la instrucción" y "no someter a la Justicia, bajo sospecha, en un tema tan mediático". Según el PSOE, la magistrada ya está "bajo sospecha y le haría un flaco favor, esta duda razonable, tanto a la Administración de Justicia, como a determinadas decisiones que puedan adoptarse en el seno de la instrucción". Si la magistrada no renuncia, "sería difícil de entender, para el gran público, que la instructora que carece de intereses personales (...) se empeñara en continuar", indica.

Los que sí han pedido claramente la recusación de la juez son Mercasevilla, Mellet y su adjunto Daniel Ponce, quien recuerda que investigación de las cuentas se puede extender hasta el periodo en el que estaba el marido de Alaya e incluso plantea que éste tenga que declarar como testigo. "Sería incomprensible que quedara al arbitrio de la recusada decidir la ampliación o no de la investigación sobre el periodo en el que su marido era el responsable de las cuentas", señala.

Pero el PSOE no sólo cuestiona la continuidad de la juez, sino también la voluminosa instrucción del caso, de la que asegura que puede estar "prorrogando indebidamente", y la imputación "inconcreta" del ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena en la causa abierta por la supuesta venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla. "¿A cuál en concreto de los más de diez mil folios se refiere?" la magistrada cuando dice que su participación se desprende de la documentación examinada, se pregunta el PSOE que, tras analizarlos asegura que "no existe ni un solo indicio racional" que lleve a la conclusión de que Marchena participó en la supuesta adjudicación ilegal de los terrenos. Por ello, el letrado asegura que discrepa de la "sorpresiva cadena de imputaciones, con una absoluta ausencia de indicios racionales de criminalidad" que "cuando decaen por su falta de consistencia, se abren nuevas brechas". "No es necesario realizar nuevas imputaciones cada tres meses cuando decaen las acciones y se pierde voluminosidad de lo actuado", concluye. Por último, recuerda el principio de seguridad jurídica "para evitar daños colaterales innecesarios y no reparables".

Una cláusula contra la especulación

El abogado de Pilar Giraldo, Juan Carlos Alférez, entregó ayer un escrito en el que recopila hasta nueve concursos públicos en los que se emplea la polémica cláusula que la juez considera "ilegal". En concreto, la misma limitaba el precio al alza, lo que hizo que la oferta que logró los terrenos de Mercasevilla fuera la de Sando y no la de Noga, pese a ser más alta. Los ayuntamientos de Zaragoza, Córdoba, Fuenlabrada y el Gobierno de Navarra, entre otros, la emplearon en varios concursos para evitar que el precio del suelo se encareciera y, por tanto, el precio final de las VPO. Por ello, todos eligieron también la fórmula del concurso y no de la subasta. El letrado recuerda que en Mercasevilla se optó por esta cláusula, ya que en el suelo se iban a levantar 1.079 VPO. "El verdadero escándalo hubiera sido vender suelo público al mejor postor, sin proteger nada más y nada menos que la mayor bolsa de suelo público destinado a VPO", afirma el abogado, que pide que se reconsidere el caso.

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