El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla solicitará instar al Gobierno central en la sesión plenaria de esta semana a que dé marcha atrás y retire "inmediatamente" el recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Según la moción, a la que tuvo acceso Europa Press, el PSOE apuesta además por dar el apoyo provincial a las iniciativas de la Junta de Andalucía para que mientras se resuelve lo anterior, no se lleven a cabo las ejecuciones de desalojos de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, apelando a las entidades financieras que operan en Andalucía para que suscriban una moratoria en materia de desahucios de vivienda habitual y permanente. Asimismo, urge a la Junta para la tramitación inminente del proyecto de ley previsto, sustituto del decreto, y que sirva de instrumento a la ciudadanía para combatir los desahucios. Esta moción se prevé que sea trasladada a los ayuntamientos de la provincia. En este marco, la propuesta, firmada por el portavoz socialista, Manuel Domínguez, señala que la expropiación temporal del uso es una de las medidas que recoge el decreto ley de la función social de la vivienda para evitar situaciones de exclusión social relacionadas con los desahucios. Se aplica a inmuebles inmersos en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. "Con ello se evita que las familias afectadas pierdan sus casas y se da una respuesta inmediata al drama social de los desahucios, que en Andalucía suman casi 86.000 desde 2007. Una medida excepcional que palia multitud de dramas y tragedias que con la crisis llega cada vez a más familias y que el Gobierno central ha recurrido ante el TC, dando al traste con la esperanza de muchas familias que veían en la misma una tregua hasta la recuperación económica", agrega. Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo. El criterio de las condiciones económicas familiares toma como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se benefician de esta iniciativa no pueden superar tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem). Mientras se dilucida por el TC el asunto, recuerda que la Junta de Andalucía ha decidido plantear a las entidades financieras que operan en Andalucía una moratoria en materia de desahucios de vivienda habitual y permanente y con el objeto de asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta, que mantendrá la norma suspendida de forma cautelar durante un plazo estipulado en cinco meses. A esta iniciativa se ha suscrito más de 35 alcaldes de la provincia de Sevilla. "Esta es la posición que la Junta de Andalucía mantiene para dar respuesta a la situación de indefensión y angustia en la que han quedado las familias que se habían acogido al decreto y las otras muchas que también se podrían adherir al mismo por encontrarse en riesgo real de exclusión social", recalca.
