El PSOE-A ha registrado una propuesta de nueve agentes sociales y organizaciones para que comparezcan ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento para que den su opinión y planteen sus propuestas en relación con el decreto de reordenación del sector público, que se va a tramitar como proyecto de ley.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, está previsto que esas comparecencias se produzcan en enero, una vez que hayan pasado las vacaciones navideñas, lo que obligará a habilitar algunos días de ese mes, que, según el Reglamento de la Cámara, es inhábil desde el punto de vista de la actividad parlamentaria, que se reanuda siempre en febrero.
La reforma del sector público emprendida por el Gobierno andaluz se ha convertido en un grave conflicto para el Ejecutivo de José Antonio Griñán y ha movilizado a miles de funcionarios contra la Junta. El Gobierno propone suprimir 111 empresas públicas, que en la mayoría de los casos quedarían integradas en una decena de grandes agencias públicas. Los funcionarios acusan al Gobierno de querer convertir en fijos por la puerta de atrás a trabajadores de las empresas públicas, lo que la Junta niega tajantemente. Ante el incendio desatado por la reforma, Griñán tuvo que rectificar sus planes iniciales, sustituyó el decreto aprobado el pasado verano por otro pactado con CCOO y UGT y decidió tramitarlo como un proyecto de ley en el Parlamento para abrir el debate con los sindicatos de funcionarios más beligerantes.
En cuanto a la propuesta de comparecientes que ha hecho el grupo socialista, a la que tuvo acceso Europa Press, se encuentran UGT-A, CCOO-A, CSI-CSIF Andalucía, Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía), Safja (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), CAVA (Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía), UCE-A (Unión de Consumidores de Andalucía), y Facua (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía).
El PSOE-A quiso dejar claro que va a tratar de "agotar todas las vías de diálogo" para posibilitar el mayor consenso con partidos y sindicatos . El pasado jueves mantuvo una reunión con CSIF-A y expresó que está dispuesto a incorporar algunas de las propuestas que se hagan durante la tramitación del decreto "en la medida en que mejoren el texto actual". Mañana martes PSOE-A mantendrá una reunión con UGT-A y CCOO-A, sindicatos que sí respaldan el decreto.
El portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, aseguró ayer que "la voluntad de la Junta siempre ha sido conseguir la mejor ley para los trabajadores del sector público y esa es también la voluntad final de todos los sindicatos". Lamentó que que el presidente del PP-A, Javier Arenas, haya estado "haciendo daño, porque al PP le importan muy poco los servicios públicos". "El PP tiene en su agenda echar a la calle a más de 25.000 empleados públicos pero no se ha atrevido a decírselo a los sindicatos", afirmó.
