El PSOE, personado como acción popular en la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, ha recurrido el auto de incoación de procedimiento ante un jurado popular y ha pedido que se retire del caso al delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, y a una funcionaria.
Fuentes del caso han dicho a Efe que las defensas de todos los imputados han recurrido el auto, pero también el abogado del PSOE se ha pronunciado contra el procesamiento de Rivas porque se basa únicamente en el testimonio ante la Policía de Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla también imputado, que a su juicio lo hizo para justificar su petición de comisiones ilegales.
Los cuatro imputados en esta parte del caso Mercasevilla están citados el próximo miércoles para la comparecencia prevista en la Ley del Jurado, donde se concretarán las imputaciones contra ellos, mientras que la misma juez mantiene abiertas otras diligencias por lo que ha denominado "concurso amañado" para la venta de los terrenos de la empresa a la constructora Sando.
El PSOE ha pedido también que se rebaje la fianza de 400.000 euros impuesta a los cuatro imputados en el caso de las comisiones porque tal cantidad le parece "excesiva y notoriamente desproporcionada", y además ha solicitado que sea exculpada M.R.P.B., directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla.
Por otra parte, el PSOE interpreta que, al no ser autores de delito el delegado provincial de la Junta ni esta funcionaria, solo quedarían como acusados el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce, que no son funcionarios puesto que los accionistas de Mercasevilla -el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa- no disponen por si solos de mayoría suficiente para nombrarlos.
Por tanto, el PSOE pide en su recurso que el presunto delito de cohecho, cuya condena llega a los seis años de cárcel, quede reducido a una estafa en grado de tentativa, con una pena aparejada de tres meses de cárcel y además escaparía de las competencias del jurado popular, han explicado las citadas fuentes a Efe.
Han añadido que, en su recurso, el PSOE recuerda el principio de mínima intervención del Derecho penal y considera que la última decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla es excesiva en tres aspectos: la cuantía de la fianza, el número de imputados y la tipificación del delito.
Las defensas de los imputados también han recurrido la decisión de la juez y han alegado que nunca se ha dado el caso de exigir fianza para asegurar una futura condena de multa, que es la única que puede imponerse a los acusados pues la presunta comisión ilegal no llegó a consumarse.
Los imputados, presuntamente, pidieron al Grupo La Raza de hostelería 300.000 euros en comisiones para la Junta y el pago de 150.000 euros de una acometida eléctrica como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, que acababa de recibir una subvención de 900.000 euros del Gobierno andaluz.
La defensa de la directora de Proyectos de Mercasevilla M.R.P.B. ha alegado que su puesto no era de funcionaria y que los dos empresarios denunciantes del cohecho han declarado que no estuvo continuamente en la reunión en la que se pidió la comisión y que, cuando lo estuvo, no intervino en la conversación.
Las citadas fuentes han explicado que estos recursos no paralizan el proceso judicial, dentro del cual los cuatro imputados están citados el próximo miércoles para que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el PP, como partido denunciante, y el PA concreten los hechos que imputan a los acusados y el tipo de delito.
