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El PSOE pide soluciones para 40 familias con necesidad urgente de casa

Los socialistas entregan un listado de casos de extrema gravedad social

el 12 ago 2013 / 22:03 h.

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  El grupo municipal socialista ha presentado un escrito al Gobierno de Juan Ignacio Zoido en el que solicita la “atención y respuesta inmediata” ante unos 40 casos de “urgente” necesidad de vivienda de protección oficial para familias en riesgo de exclusión social. En el escrito, recogido por Europa Press, el PSOE detalla una batería de casos de necesidad de vivienda, ya sea por desahucios o ejecuciones hipotecarias, por verse afectada una víctima de violencia de género, por necesidad de revisión del precio del alquiler de VPO o por ser casos envueltos en acciones penales por haber ocupado ilegalmente la VPO. Entre los casos de “necesidad de vivienda en alquiler social a causa de ejecuciones hipotecarias y desahucios”, destaca el de una pareja de desahuciados que se encuentra en pleno procedimiento de ejecución hipotecaria y que ahora tienen una vivienda alquilada que les es “imposible” seguir pagando. Su único ingreso es la pensión de jubilación del marido (763 euros mensuales), lo que no supera una vez y media del indicador Iprem, y el alquiler es de 410 euros, por lo que le destina el 54% de su pensión. Por ello, el grupo socialista asegura que “no les quedan recursos suficientes para poder alimentarse y vivir con dignidad”, ya que la mujer tiene una discapacidad del 33% y en mayo se le acabó la ayuda que cobraba. Hasta ahora no han obtenido respuesta, tras haber presentado en mayo la solicitud de una vivienda en alquiler social –con una renta mensual del 5% de sus ingresos–. Otro caso es el de una pareja “muy joven” con tres hijas, una de ellas con una discapacidad del 96%. Ambos están desempleados y los únicos ingresos que tienen son la pensión de la hija por la Ley de Dependencia (443 euros mensuales), y la prestación por desempleo del esposo (354 euros). El núcleo familiar vive de alquiler, por el que pagan una renta de 480 euros y cuyo contrato finaliza el 31 de agosto, ante lo que “temen que nadie les quiera alquilar una vivienda al no poder acreditar el pago”. Están inscritos como demandantes de VPO en el Registro, sin adjudicación hasta la fecha. Entre los casos en los que la afectada es víctima de violencia de género, el PSOE señala el de una mujer que va a firmar la dación en pago de la vivienda que tiene con su expareja, condenada por malos tratos. No puede vivir en esa casa por “grave peligro para su vida”, ya que el esposo tiene orden de alejamiento pero, aún así, “la vigila”. La mujer no tiene ingresos porque está en paro desde 2011. Tras pedir el alquiler social, Emvisesa le ha instado a inscribirse en el registro de demandantes de VPO, sin tener en cuenta su “especial situación de vulnerabilidad”. En los casos de necesidad de “revisión del precio del alquiler en los que Emvisesa está iniciando o ha avisado de iniciar de forma inminente procesos de desahucio por impago de renta” hay un matrimonio con tres hijos, de seis, cuatro y dos años, uno de ellos con una gran minusvalía física y psíquica de nacimiento del 81%, “aunque realmente tiene una minusvalía del 100%” puesto que “no oye, ni ve, ni habla, ni puede moverse”, y necesita “siempre” una persona “a su lado”. Los padres no pueden pagar ni siquiera la terapia especializada, a pesar de que va un colegio “especial”. En este caso, sus ingresos son de 442,59 euros de la Ley de Dependencia y 632,24 euros que percibe la esposa, pues el marido está desempleado desde 2008. Emvisesa les ha comunicado que va a resolver el contrato por “impago de la renta”, aunque según el PSOE han solicitado la rebaja del alquiler varias veces, sin respuesta. En junio pidieron por escrito la revisión, y que se les alquilase la misma VPO como alquiler social. También hay casos en los que Emvisesa ha iniciado acciones legales por “ocupación ilegal”, como el de una pareja con una hija de tres años que ha pedido que se les adjudique en alquiler social la vivienda a la que entraron de forma irregular. La pareja, que carece de medios económicos, se vio en la “necesidad” de ocupar “provisionalmente” la VPO argumentando que estaba “vacía” y era usada “puntualmente por toxicómanos”, y se han hecho cargo de pequeñas reparaciones que hacían falta. Su único ingreso es el sueldo de la mujer, que no supera una vez y media el Iprem.

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