El PSOE-A pedirá la dimisión de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, si se demuestra la conexión entre su departamento o la Subdelegación del Gobierno en Málaga y el escrache cometido el pasado sábado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por parte de representantes del PP que se encontraban a las puertas del hotel malagueño en el que se alojaba. En concreto, un grupo de alcaldes del PP andaluces abordaron el coche de la presidenta con una pancarta y cartulinas al grito de la Junta no paga, nos quedamos encerrados. Los socialistas denuncian un acto violento, algo que el PP niega. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, insistió en que si desde la Delegación del Gobierno o la Subdelegación del Gobierno en Málaga se ha filtrado la información del hotel donde estaba la presidenta, los responsables de estas instituciones no podrán permanecer en el cargo ni un minuto más. Jiménez, que destacó que dicha información sólo obra en poder de la Delegación del Gobierno, la Subdelegación en Málaga y los escoltas de la presidenta, se mostró convencido de que las casualidades no existen, mostrando la preocupación de su formación por la conexión que pueda haber tenido el acoso violento con estas instituciones. El PSOE ya ha registrado en el Congreso y en el Senado una petición para que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, comparezca con carácter urgente. La Subdelegación del Gobierno en Málaga defendió que se ha actuado con arreglo al protocolo previsto para todas las visitas institucionales, sin que en éste ni en ningún otro caso se haya producido actuación alguna al margen de lo que establecen los procedimientos habituales y dentro del más estricto principio de lealtad institucional. Además, pidió que cesen las acusaciones insidiosas y contrarias a la verdad. La Subdelegación apuntó a través de un comunicado que la institución desconocía los horarios privados de la presidenta en la capital. Fuentes de la Delegación del Gobierno informaron de que Carmen Crespo ha estado en todo momento en contacto con el entorno de la presidenta y le ha trasladado en aras de la lealtad institucional que frene la campaña de intoxicación de sus compañeros de partido. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, consideró ayer que el PP ha franqueado una línea con el escrache y pidió que se repruebe esta acción y se identifique a los asistentes. Nada de eso hará el PP, que eludió en todo momento censurar lo ocurrido. La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana Corredera, negó que en el incidente del sábado en Málaga entre alcaldes y concejales de su partido y la presidenta hubiera algún tipo de violencia o coacción hacia Díaz y lamentó que, mientras se habla de las formas, no se hable del fondo del asunto, que es la asfixia financiera que están sufriendo las arcas municipales. En la misma línea, otros dirigentes populares defendieron lo ocurrido y aseguraron que si la presidenta de la Junta se hubiera parado a atender la demanda de los alcaldes y recoger una carta que estos querían entregarle, nada habría ocurrido. Desde el Gobierno, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió la actuación de la Policía Nacional en la protesta de que fue víctima Díaz y lamentó que ahora critiquen este tipo de actos quienes los alentaban cuando eran contra el PP. Preguntado por el escrache, el ministro se declaró radicalmente en contra de ese tipo de actos intimidatorios y atentatorios que, insistió, miembros del PP han vivido en los últimos tiempos.