El PSOE está haciendo lo imposible porque IU ceda y rebaje el dictamen de los ERE de la comisión de investigación de los ERE, que apunta directamente como máximos responsables políticos del supuesto fraude a los exconsejeros exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. La ponencia síntesis, registrada el viernes en la Cámara por el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García, asume las tesis de IU y apunta con claridad a ambos responsables socialistas como “autores intelectuales” de la presunta trama corrupta tejida durante una década con las ayudas de Empleo.
Los socialistas insistieron ayer en que no asumen esa tesis y dejaron claro que, apruebe lo que apruebe el Parlamento el jueves, no reclamarán la dimisión de Viera, diputado en el Congreso. Fernández, que está imputado en la vía judicial y ha estado en prisión, lo puso más fácil y dejó de abonar las cuotas de militante. Viera no está imputado y como diputado está aforado (el caso debería de ir al Supremo). A juicio del PSOE, una comisión de investigación no está para hacer valoraciones políticas ni de sus conclusiones se debe inferir ninguna responsabilidad. Es decir, aunque el Parlamento responsabilice a Viera esto no debe causar su baja de militancia ni como diputado en el Congreso. Algo paradójico puesto que precisamente una comisión de investigación (ésta ha sido la primera en la Cámara andaluza en 17 años) está concebida para depurar responsabilidades políticas.
A primera hora, el grupo socialista registró un escrito en la Cámara en el que apela al letrado de la comisión y pide que “se proceda a depurar el documento en todo aquello que suponga juicios de valor, valoraciones o cuestiones que no se correspondan total y absolutamente con los hechos contrastados en la comisión”. La acción fue calificada por un portavoz de IU como una acción “desesperada”. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, compareció ayer sin desvelar ese escrito pero advirtiendo de que solo cabe circunscribir la máxima responsabilidad al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. “No podemos confundir la comisión ni con un confesionario para purgar pecados ni con un cadalso donde se establecen penas y castigos”, alegó.
Los socialistas registrarán hoy sus enmiendas para rebajar la responsabilidad política un escalón, pero IU insiste en que no piensa ceder. Esto abre una fractura entre los socios de Gobierno, si bien ambos parecen tener claro que cada partido va por libre.
El vicepresidente del Gobierno andaluz y coordinador regional de IU, Diego Valderas, avaló ayer el dictamen. El coordinador regional de IU dijo estar “muy satisfecho con el trabajo de la comisión ERE” y respaldó la ponencia final de García porque “tiene equidistancia con el PP y con el PSOE, es un análisis magnífico, riguroso y señala a los responsables políticos y además propone recomendaciones” para que el supuesto fraude no vuelva a ocurrir. El caso ha defraudado 17 millones de euros, según cifra la Junta, aunque el juzgado investiga un fondo de ayudas sociolaborales de 670 millones.
Valderas es el primer miembro del Gobierno andaluz que suscribe íntegramente el dictamen de los ERE. El número dos de la Junta explicó que “en el seno del Gobierno andaluz nunca se ha hablado de este tema” para aclarar que no existen tensiones entre los socios del Ejecutivo.
El diputado y portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, también insistió en que el dictamen de los ERE “no ha generado ninguna tensión con el PSOE y que IU está muy tranquila”. Castro explicó que su grupo no va a presentar ninguna enmienda parcial al dictamen y explicó que “la comisión no puede decidir por nadie cómo se asumen las responsabilidades políticas. “Esa decisión depende de cada uno, pero hay que saber dar ejemplo. Dimitir no es un nombre ruso”, advirtió Castro.
Valderas fue preguntado por su cambio de parecer respecto a la responsabilidad del entonces consejero de Hacienda y hoy presidente José Antonio Griñán. A principios de 2011, durante un debate plenario, el líder de IU instó a Griñán a dimitir o a destituir a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que era su número dos. “He tenido la oportunidad de conocer la información del caso de primera mano”, dijo.
Ahora la clave está en el PP. Los populares celebraron ayer una reunión en el Parlamento. Si los populares suman sus votos a IU, el dictamen saldrá adelante y se señalará a los exconsejeros como máximos responsables políticos. Pero en el informe hay también aspectos inasumibles para la oposición. Habla de un interés “descarado de la derecha de inflar” el caso. El PP señala directamente a José Antonio Griñán y Manuel Chaves como responsables de la supuesta trama corrupta.
