El PSOE-A rechazó hoy la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la "presunta petición de cobro de comisiones por directivos de Mercasevilla y su posible vinculación con la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo", que había sido solicitada por PP e IULV-CA.
El diputado del PP y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento sevillano, Juan Ignacio Zoido, inició su intervención exponiendo que, en manos de la autoridad judicial, de la fiscalía y y de la policía judicial hay transcripciones de empresarios sevillanos donde se evidencia que los militantes socialistas Fernando Mellet y Daniel Ponce (ex gerente de Mercasevilla y ex gerente adjunto, respectivamente) pedían una "comisión en nombre de la Junta a cambio de la concesión de la explotación de escuela hostelería a la que se había concedido una subvención de 900.000 euros".
Señaló que el PP pide la creación de una comisión de investigación "para saber quién o quiénes ejecutan estas u otras operaciones, quién las ordena y a dónde va parar el dinero obtenido".
Se trata, según agregó, de unos hechos "muy graves que no son aislados, donde aparece como implicado al menos un alto cargo de la Junta (en referencia al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas), y que ponen de manifiesto que ha habido una extorsión a empresarios sevillanos a los que se han exigido 450.000 euros, de los cuales 150.000 eran para hacer una obra y acometer una instalación eléctrica y 300.000 "que se tenían que dejar en dinero contante y sonante dentro de un maletín en el despacho del gerente de Mercasevilla". "Se trataba de transformar dinero público en dinero sucio o negro", apuntó.
Asimismo, señaló que también se ha puesto de manifiesto que trata no se trataba de "un hecho aislado porque el director gerente y su adjunto hablaron con los empresarios sevillanos de que se trataba de algo habitual". Apuntó que la jueza que instruye la causa ha solicitado todas las subvenciones recibidas por la Fundación Mercasevilla y las otorgadas en los últimos cuatro años por la Delegación Provincial de Empleo, cuyo responsable, Antonio Rivas, fue llamado a declarar en calidad de imputado por orden de la Fiscalía.
"Hay, por tanto, más que indicios de la situación irregular que se ha producido y esto no podemos entenderlo como un hecho aislado, sino que más bien parece que hay una trama", indicó Zoido, que señaló que es necesario investigar y llegar hasta el final de lo que ha pasado y que "pague quien tenga que pagar, de manera que Mercasevilla, que es una gran empresa, no tenga que ver su nombre manchado".
Dijo que el PP quiere claridad y transparencia en las subvenciones otorgadas desde la Delegación Provincial de Empleo, apuntando que "es un alto cargo de la Junta el que también está directamente relacionado con el asunto, y las personas que han grabado a los directivos en todo caso siempre reciben la indicación de que es por parte de Antonio Rivas".
Por su parte, la parlamentaria del PSOE Susana Díaz empezó manifestando que el pasado mes de febrero, la Consejería de Empleo tuvo conocimiento de indicios de que había individuos que pedían dinero a empresarios sevillanos tras la concesión de una subvención y decidió, de manera inmediata, acudir a la fiscalía, algo que, según dijo, no hicieron PP e IU.
Aludió a la "incoherencia" de IU, puesto que plantea una comisión de investigación en el Parlamento y rechazó la que solicitó el PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Dirigiéndose a Zoido, señaló que el diputado popular sabe que la justicia dispone de la totalidad de los expedientes de las subvenciones concedidas por la Delegación Provincial de Empleo y que todos han sido tramitados "conforme a la legalidad".
"CIRCO MEDIATICO"
Dijo que Zoido es un juez en excedencia que ha querido montar un "circo mediático" y un "juicio paralelo" en la Cámara, y le aconsejó que si tanto hecha de menos la carrera judicial, regrese a esa actividad. A su entender, lo único que ha hecho Zoido hasta ahora ha sido "entorpecer a la justicia, lo que es vergonzante de la viniendo de la mano de un juez".
Asimismo, Díaz lo acusó de haber "mentido" en relación con este asunto, cuando ha dicho que el gerente de Mercasevilla fue puesto por el alcalde; que existe una "conexión" entre Mercasevilla y la Consejería de Empleo, o cuando afirma que él ha colaborado con la justicia. "No vamos a permitir que para cubrir lo que pasa a nivel nacional en el PP (en alusión al caso Gürtel), se dediquen a difamar" contra otros dirigentes políticos.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, justificó que su partido no apoyara la comisión de investigación en el Ayuntamiento porque ese no es ámbito en el que se debe investigar, sino en lo que afecta a una gestión de la Junta, con lo que el escenario debe ser el Parlamento. Pidió a Díaz que se quede "tranquila" porque existe una plena coherencia "histórica" entre IULV-CA y el grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla.
Tras apuntar que en algunas cuestiones sobre este asunto no existe "ningún tipo de coincidencia" entre PP e IULV-CA, Valderas justificó la comisión de investigación en que la democracia y la actividad pública se refuerzan cuando la transparencia, la claridad y la luz se abre paso con naturalidad y con normalidad.
A su juicio, la comisión de investigación debe estar al servicio de la democracia y de la ciudadanía, y señaló que, cuando las razones y los fundamentos lo aconsejan, Izquierda Unida siempre estará abierta a la constitución de la misma como un "elemento de ejemplaridad", como ocurre en este caso.