Los socialistas, que insistieron en mantener "la máxima transparencia" y una "total colaboración con la justicia", rechazaron, no obstante, que se abran "juicios paralelos". Aseguraron que no descartan pedir la comparecencia del consejero de Empleo y adelantaron que hoy el Gobierno andaluz aportará "toda la información necesaria" para arrojar luz en esta causa.
El caso Mercasevilla, que comenzó hace dos años investigando la denuncia de dos empresarios hosteleros sevillanos a los que presuntamente se trató de cobrar comisiones ilegales desde los directivos de la empresa de mercados sevillana, ha desembocado en una causa de gran magnitud que estudia una presunta "trama" de ERE "fraudulentos" financiados por la Junta.
La investigación acaba de echar a rodar después de que la jueza Mercedes Alaya, que instruye la causa, decidiera abrir una nueva línea de investigación que pone bajo lupa todos los expedientes que firmó la Junta desde 2002 y apunta a otras dos empresas concretas donde hubo presuntamente irregularidades: el restaurante sevillano Río Grande y la empresa textil malagueña Hitemasa.
Un exhaustivo informe de la Policía asegura que las ayudas a prejubilaciones firmadas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero eludieron los controles administrativos, vulneraron la Ley de Hacienda Pública, son "nulas de pleno derecho" y "constitutivas de infracción penal por su arbitrariedad".
Este ex alto cargo de la Junta desde 1999 a 2008 - bajo la tutela de tres consejeros- declaró que disponía de "un fondo de reptiles" [fondos secretos que se aplican a la captación de voluntades o al simple favor] de 647 millones de euros para solucionar situaciones particulares de empresas en crisis. La jueza estudia si el ex alto cargo tejió una red junto al sindicalista Juan Lanzas y al consultor de la empresa de seguros Vitalia, Francisco González, como actores principales, que se dedicaban a meter a "hombres de paja" o intrusos en las pólizas de los ERE.
El Gobierno andaluz, que de puertas afuera transmite "total tranquilidad", niega categóricamente que haya existido ningún fondo ilegal y asegura que es "el primer interesado" en que se aclaren estas supuestas irregularidades. El PSOE-A, que ha abierto un expediente de expulsión a Guerrero, anunció que estudia nuevas acciones legales. El consejero de Empleo, Manuel Recio, estuvo ayer reunido en San Vicente -sede del PSOE-A- con la cúpula socialista, en una cita con José Antonio Griñán y Susana Díaz. Por la tarde, Recio mantuvo también una larga reunión de trabajo con la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que será hoy quien tratará de esclarecer el papel del Gobierno.
Los socialistas y el Ejecutivo harán todo lo posible por que no se pongan en duda todas las prejubilaciones que, según reiteraron ayer, mantienen vivas ayudas a 6.000 trabajadores de un total de 45 empresas. "Las políticas de apoyo a los trabajadores de empresas en crisis van a seguir siendo prioritarias", defendió la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz. El Ejecutivo autonómico defiende que no hay ningún fondo oscuro sino partidas consignadas reglamentariamente en los Presupuestos y que se vehiculaban a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia IDEA.
Acreditan, por ejemplo, que el Informe Económico y Financiero del Presupuesto de 2003 recoge "un convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA el 17 de julio de 2001 referido a las ayudas a empresas para prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad, con el que se pretende atender a los sectores o empresas en crisis para que se mantenga el mayor volumen de empleo posible". Bajo ese convenio, explican, que se prorrogó varios años, se firmaron las ayudas de las prejubilaciones. Subvenciones individualizadas que no tenían que tener el visto bueno del consejero ni del Consejo de Gobierno. Estas partidas se consignan bajo el epígrafe Administración de las Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo en los Presupuestos. Se sometieron, alega la Junta, "a un doble control anual: el control financiero permanente y a una auditoría".
El PP anunció que presentará una nueva querella contra los supuestos responsables de la trama a raíz de las "nuevas vías de investigación". El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, levantó nuevas sospechas al pedir a la Junta que aclare si existen ex altos cargos del PSOE incluidos en ERE como forma de "pago" tras su salida de las instituciones públicas. Sanz dijo que llevarán a la Cámara un documento con las "mentiras" del consejero de Empleo sobre este asunto y acusó directamente a Chaves y Griñán de haber "organizado y conocido esta trama indecente".
El secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, rechazó de manera categórica las declaraciones del presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, en las que aseguraba que la provincia es “la cuna de la corrupción del socialismo en Andalucía”. Anunció que presentará de manera inmediata de una querella criminal por injurias y calumnias.
Según indicó Viera en un comunicado, “con sus palabras, el PP de Sevilla sólo pretende crear una cortina de humo y suciedad para tapar sus desvergüenzas y golferías, que están perfectamente acreditadas en Madrid y muchos de sus pueblos, en Valencia, en Baleares, en Murcia, en Galicia o en Castilla y León”. “Al PP sólo le interesa la utilización y manipulación de la justicia con medias verdades o directamente mintiendo, porque lo único que trata es de crear un estado de opinión del que obtener rédito electoral”, señaló.
Viera fue uno de los consejeros de Empleo mientras fue director general de Trabajo Javier Guerrero, que ha declarado que tenía bajo su potestad “un fondo de reptiles” de 647 millones para repartir en empresas en crisis. El ex alto cargo, ex alcalde de El Pedroso y socialista en vías de expulsión, fue nombrado en 1999 por Guillermo Gutiérrez y se mantuvo en el cargo con Viera y Antonio Fernández –citado a declarar–. El secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, dejó claro que los populares no darán “ni un paso atrás”.
Por otra parte, en la investigación del caso Mercasevilla, Carmen Fontela González, cuyo nombre figura como aspirante a la prejubilación en el ERE promovido en 2003 por Merca y que habría sido incluida de forma fraudulenta en el ERE impulsado en 2005 por el restaurante Río Grande, prestó nuevamente declaración ante la Policía Judicial e insistió en que es “una víctima”, informó Europa Press. Francisco José González, comercial de la consultora Vitalia Vida y responsable de la sociedad Hermes Consulting S.L., reconoció a los investigadores que él mismo eligió a esta mujer para estas prejubilaciones ilegales.
