El PSOE ha dejado en manos del Gobierno fijar los plazos en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque todo apunta a que se optará por un aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación. Este periodo es similar al que se establece en el resto de países de la Unión Europea (UE).
El Grupo Socialista señaló que "corresponde" al Gobierno fijar los plazos para abortar, por lo que dejó éstos sin concretar en sus conclusiones de la subcomisión del Congreso que estudia la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que hace un par de días se hablaba de un plazo máximo de 14 semanas de gestación.
Así lo indicó ayer Carmen Montón, la portavoz socialista en la subcomisión, la cual se reunió para elaborar un documento de consenso tras tres meses de trabajos y después de la comparecencia de una treintena de expertos. Montón manifestó que el Grupo Socialista aboga por una ley de plazos combinada con indicaciones, que no concretó, enmarcada en una Estrategia Global de Salud Sexual que cumpla con el objetivo de prevenir embarazos no deseados.
Actualmente, en España está permitido abortar cuando el embarazo entrañe un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, cuando la gestación sea consecuencia de una violación -dentro de las 12 primeras semanas- y cuando se presuma que el feto pueda nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación.
La portavoz aseguró que la ley de plazos debe ser acorde con las legislaciones del entorno europeo (cuya horquilla oscila entre las 10 y las 24 semanas), cubrir la mayoría de los casos de aborto que se producen en España y ser aprobada por amplio consenso. También señaló que fijar los plazos "corresponde" al Gobierno y emplazó el debate al respecto a la tramitación parlamentaria de la ley.
En cuanto a las indicaciones para abortar fuera de esos plazos, la propuesta socialista aboga por tener en cuenta "al menos" los supuestos en que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, graves anomalías físicas o psíquicas, o malformaciones incompatibles con la vida en el feto.
Pidió también la regulación de la objeción de conciencia para evitar las desigualdades territoriales, y que se impida que la ejerzan centros y profesionales que no participan en las operaciones de interrupción del embarazo. Por ello, abogó porque sólo los profesionales implicados directamente en estas intervenciones puedan acogerse a ese derecho.
Asimismo defendió que las menores de entre 16 y 18 años tienen autonomía para decidir si quieren abortar sin necesidad del permiso paterno. La Ley de Autonomía del Paciente dota de soberanía a los denominados "menores maduros" para decidir sobre los tratamientos médicos a los que puedan someterse, pero excluye expresamente el aborto, los ensayos clínicos y la reproducción asistida, explicó Montón. "Si se puede donar un riñón o someterse a una quimioterapia a esa edad, se puede decidir también sobre la maternidad", agregó la parlamentaria socialista.
Maternidad forzosa. Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) indicó que la ley de plazos que prepara el Gobierno, de fijar el plazo en las 14 semanas, podría obligar a una "maternidad forzosa" a alrededor de 9.000 mujeres al año.
ACAI solicitó a los miembros de la subcomisión del Congreso que estudia la modificación de la ley del aborto que la nueva norma permita el aborto hasta la semana 24 ó 26 en los supuestos de problemas psicosociales o socioeconómicos de la mujer. Éste es el plazo de viabilidad fetal al que se acogen las clínicas abortistas como fecha límite para la decisión voluntaria de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo.
