Finalmente, el PSOE no se sentará en el banco de las acusaciones en el juicio por el supuesto intento cobro de comisiones en Mercasevilla. Los socialistas han decidido no recurrir, "por coherencia", la decisión de la Audiencia Provincial de apartarlos del caso por acusar a los cuatro procesados de un delito distinto al cohecho y fuera de la competencia del tribunal popular, que será el encargado de enjuiciar esta rama del caso.
El PSOE, que hasta entonces ejercían la acusación popular junto con el PP y el PA, solicitó en su escrito que dos de los cuatro acusados (el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce) fueran juzgados por un delito de estafa en grado de tentativa y no por cohecho al considerar que ninguno de los dos podían ser considerados como funcionarios (requisito para poder acusar por este tipo penal). Ayer, fuentes socialistas, aseguraron que no van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión de la Audiencia de apartarlos "por pura coherencia". El PSOE, tras examinar la resolución judicial, reconoce que la retirada se "ajusta a derecho", ya que el delito que "reclamamos no entra en las competencias del jurado y, a estas alturas, no vamos a cambiar la calificación", explicaron las fuentes.
Además, recordaron que desde el principio el partido ha mantenido esta postura, ya que al único que se podría acusar, a su juicio, por cohecho es al exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas. Sin embargo, el PSOE no le acusó de ningún delito ni tampoco a la exdirectora de Estructuras Regla Pereira, al considerar que "moralmente nos es de todo punto inviable mantener la acusación", después de que la propia jueza instructora reconociese que contra ambos las pruebas eran más "débiles".
El magistrado Ángel Márquez, presidente de la Sección Tercera y del jurado que enjuiciará el caso, apartó al PSOE en un auto en el que resolvía las cuestiones previas planteadas por las defensas tras una vista que se celebró para resolverlas. El magistrado recalcó que el juicio oral "se abrió únicamente por el delito de cohecho", por lo que la posición del PSOE "en esta causa ha quedado sin contenido", debiendo "quedar apartado del procedimiento", pues tampoco se ha adherido a la petición de las otras acusaciones, que sí califican los hechos como cohecho y que, en el caso del fiscal, reclama 900.000 euros de multa.
