Desde que el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero denunció la existencia de un "fondo de reptiles" para pagar ERE de empresas en crisis, en los que ya han salido a la luz 73 falsos prejubilados, Junta y PSOE han puesto todo su empeño en limitar la responsabilidad al propio Guerrero para salvaguardar a los exconsejeros a cuyo cargo trabajó durante nueve años. Pero pocos han sido tan contundentes como lo fue ayer el presidente del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en unas declaraciones a la SER: "Ahora mismo hay un presunto sinvergüenza, que es el que ha dicho que ha hecho cosas que no debe, que creo que debería estar en la cárcel y que es el que tiene que dar la cara y hablar de una vez".
La paciencia se agota en las filas socialistas después de que en una entrevista concedida el jueves a El País Guerrero apuntara a la responsabilidad de sus superiores en la gestión de las ayudas y tras trascender la noticia, adelantada el viernes por Público, de que su propia suegra aparece como intrusa entre los prejubilados del ERE de SOS Cuétara. La portavoz del PP, Rosario Soto, ironizó ayer al respecto al señalar que "lo que faltaba en la trama socialista es que nos encontráramos como intrusa a la suegra del ex director general de Trabajo" que "va a ser la suegra que más problemas va a dar de todas".
Villalobos instó a que "se hable de una vez lo que se tenga que hablar" para no dañar más "la imagen de los socialistas".
Mientras, desde el PP, Javier Arenas defendió que "Andalucía es mucho más que el fraude, el abuso o la chapuza de los que se creen eternos en el poder" y anunció que seguirá pidiendo en el Parlamento una comisión de investigación que, por dos veces ha sido rechazada por la mayoría socialista. El PP arremetió de nuevo contra Anticorrupción al tildar de "inexplicable" que "no haya intervenido" en "uno de los mayores escándalos de la democracia en Andalucía". El fiscal general anunció el viernes que se está analizando "exhaustivamente" toda la documentación sobre los ERE mientras culmina una investigación sobre al fraude "masiva" de empresas que percibían ayudas para contratar a trabajadores que luego despedían.
