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El PSOE reta a la juez a imputar a todo el consejo de Mercasevilla

En el recurso afirma que el procesopor la venta a Sando carece ya de base

el 14 sep 2010 / 19:40 h.

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Fernando Mellet (izquierda), uno de los principales imputados en el caso, junto a su abogado.
Para el PSOE, tras una decena de imputaciones, el proceso abierto por la venta de los terrenos de Mercasevilla a Sando ha entrado en vía muerta. En el escrito de alegaciones presentado por los socialistas, tras los recursos tramitados por Mercasevilla y las defensas de Fernando Mellet y Daniel Ponce, plantean a la juez que en estos momentos sólo hay dos opciones. La primera, de la que el PSOE se muestra partidario, pasa prácticamente por el archivo de la causa al considerarse legal la cláusula de limitación al alza en el que se basa la investigación por una supuesta irregularidad en un concurso público. La segunda pasa por imputar a todo el consejo de administración, lo que incluye a los representantes de todos los partidos y los miembros de Mercasa.

El planteamiento de la alegación es similar al expresado por la defensa de Fernando Mellet, aunque con un punto de partida incluso más contundente. El PSOE considera que no hay base para sostener el proceso: “No existe ningún dato que corrobore la ilicitud de la inclusión de la cláusula de limitación al alza (...) Si se considera legal, sin reproche penal alguno, la cláusula de limitación al alza, no podrían sostenerse las acusaciones vertidas sobre los imputados”.

Este planteamiento implicaría prácticamente el archivo de la causa de la venta de los terrenos a Sando. Pero en su escrito el PSOE asume que existe otra opción: que la juez decida seguir con la causa e insista en considerar ilícita la limitación al alza. Si esto ocurre, sólo hay una vía según el escrito, imputar a todo el consejo. “No puede servir de imputación a los ejecutores –entre los que cita a Mellet y Ponce– y no sirva de elemento de imputación a los aprobadores. No puede ser legal para unos –los miembros del consejo que la aprueban– e ilegal para otros –quienes la aplican–. Este hecho no puede imputarse a unos y obviarse la imputación para otros, sin incurrir en un trato discriminatorio”, recoge la alegación, que alaba la “prudencia” de la magistrada de no haber tomado esta medida hasta ahora.

La consecuencia directa de esta petición sería la imputación de una veintena de miembros del consejo de administración, entre los que figuran la ex edil del PA Marta Mejías, la ex concejal popular Dolores Meléndez; la ex edil socialista Cristina Vega o el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. En su escrito, el PSOE advierte de que si la juez decide impulsar esta línea debe aplicarse a todos por igual, sin otro trato discriminatorio: “No podría llamarse a procedimiento a un concreto grupo de los representantes del consejo de administración –los de PSOE e IU– y excluir a los restantes integrantes –PP, PA y otros consejeros– cuando la tozuda realidad es que todos prestaron su voto favorable a dicha cláusula de limitación al alza. Actuamos en la fundada certeza de que ello nunca va a ocurrir en las actuaciones”.

Pero la vía preferencial del escrito del PSOE es que la juez admita que no hay base en estos momentos para seguir el proceso: “El celo profesional de la instructora y la rigurosidad en su búsqueda, consecución y práctica de pruebas, no necesariamente puede llevarnos a colegir ni significar su correspondencia en una relación causa/efecto con el mayor número de imputados, sobre todo, si no se ha acreditado indiciariamente la existencia de hechos delictivos. Mientras aumenta el volumen de las actuaciones, más se diluye la presunta ilegalidad objeto de la investigación”. Este alegato obliga al PSOE a justificar su papel: “Cualquier acusación popular, en modo alguno, puede coadyuvar a sustentar imputaciones basadas en deducciones intelectuales”. 

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