Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad de España en estrenar un texto legal que regula específicamente el derecho ciudadano de acceso -que no de titularidad- a un piso digno y a precio asequible, recogido en la Constitución y en el Estatuto. El Parlamento aprobó con la mayoría socialista y el rechazo de la oposición la Ley de Vivienda, una de las promesas estrella del ex presidente Manuel Chaves, anunciada para 2007. La norma nace en el peor momento, en plena crisis y con el cierre del grifo crediticio que asfixia a promotores y compradores, pero el Gobierno andaluz asegura que pondrá los cimientos para dar la vuelta al mercado inmobiliario.
La ley ha soportado un proceso largo y a veces complejo hasta que ha visto la luz. La Junta la pactó con empresarios, sindicatos y ayuntamientos y tuvo que limar algunos aspectos que le pidió el Consejo Consultivo para blindarla de seguridad jurídica. El camino en la Cámara para intentar consensuarla con los grupos tampoco ha sido fácil y no ha dado resultado, a tenor del voto en contra de la oposición. El del PP se veía venir porque en un principio presentó una enmienda a la totalidad de la ley, pero se esperaba que IU, a la que el PSOE le aceptó algunas enmiendas, se abstuviera. Hasta la intervención del portavoz de Vivienda en la federación de izquierdas, Juan Manuel Sánchez Gordillo, sonaba a respaldo.
"Me comprometo a desarrollar el 100% de la ley", le dijo al consejero del ramo, Juan Espadas. Pero la norma no ha recogido demandas de IU como la creación de un banco público que financie la VPO, que todos los pisos protegidos se destinen a alquiler o que los poderes públicos expropien los solares vacíos e intervengan en el mercado.
El rechazo del PP fue total. "Estamos en contra de la letra y del título de la ley porque es un engaño", defendió en la tribuna la portavoz popular en la materia, Alicia Martínez. Sostuvo que la norma, que ha ido "rebajando sus expectativas", no garantizará el derecho a la vivienda mientras no haya financiación y aseguró que la "gente en la calle tampoco se lo cree". Martínez insistió en sus argumentos: la Junta "delega" a los ayuntamientos su competencia de promover vivienda pública y no se someterá al recurso ciudadano en los tribunales. Desde el PSOE, José Caballos reconoció que el acuerdo con el PP era "inútil" porque su líder, Javier Arenas, es el "Doctor No que dirige la derecha andaluza". Opinó que "a la derecha no le gustan los derechos" y sólo quiere "hacer caja con la vivienda libre".
oferta ajustada. La ley no reconoce el derecho a tener un piso en propiedad, sino que obliga a Junta y ayuntamientos a diseñar una oferta de vivienda protegida suficiente para satisfacer la demanda. Si las administraciones no hacen sus deberes, los ciudadanos pueden acudir a los tribunales vía contencioso-administrativo. Las necesidades de VPO de cada municipio se definirán con el instrumento clave de la norma: los registros públicos de demandantes, que pondrán fin a los sorteos. Cuando la ley entre en vigor, las localidades de más de 5.000 habitantes deberán poner en marcha estas bases de datos que no sólo fijarán el número de VPO que habrá que construir, sino que ofrecerá una radiografía completa de los adquirientes (edad, renta, etc.). Los consistorios entregarán al promotor una lista con los beneficiarios según sus características.
Se pueden apuntar en los registros los andaluces cuyos ingresos familiares no superen los 36.000 euros al año, que lleven empadronados tres años en un municipio -podrán optar a un piso en otros dos- y que no tengan una casa propia. La ley les garantiza el acceso a una vivienda de forma que no tengan que destinar más de un tercio de su sueldo en caso de compra y un cuarto si se trata de un alquiler.
