Hoy comienza el último curso escolar de una legislatura que, paradójicamente, empezó con críticas al Gobierno andaluz por crear incentivos económicos para los profesores que más se implicasen con su colegio y culminará, cuatro años después, haciendo prestidigitación política y económica para mantener la educación andaluza a salvo de los recortes que han troceado parte del sistema de bienestar.
La escuela andaluza parece haberse convertido en la última trinchera del PSOE. Los socialistas, los miembros del Gobierno saliente, el nuevo candidato a la Presidencia y el jefe del Ejecutivo andaluz se han parapetado tras ella para defender la educación pública, y por extensión un modelo social que, denuncian, está en declive en las comunidades que han pasado a manos de gobiernos del PP.
Andalucía ha empezado el curso escolar con una congelación de la plantilla de profesores que, en otra época, habría crispado los nervios de los sindicatos de la enseñanza y habría sacado a los docentes a la calle a protestar. Pero "no ha habido recortes en la escuela andaluza", al menos no desde la perspectiva de lo que está sucediendo en otras regiones.
La Junta, constreñida por las políticas de contención del déficit que dictó el Ministerio de Hacienda (el controvertido límite a la tasa de reposición de maestros), ha logrado que el profesorado andaluz siga creciendo, mientras disminuye en la mayoría de regiones. Pero también ha sacrificado su previsión de crecimiento de la plantilla docente para este año, que recogieron los últimos presupuestos autonómicos y que tenían un destino y unos objetivos bien definidos: se presupuestó un aumento neto de 680 profesores (251 de Primaria y 429 de ESO) y al final serán 198.
La Junta, a regañadientes, ha introducido un nuevo recorte a las ya de por sí astilladas cuentas de 2011, y lo ha hecho en el capítulo más delicado, el gasto de personal, que sin embargo aumenta en 239 millones de euros por la cobertura de la tasa de reposición de los funcionarios.
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, argumentó que la cifra inicial de 680 docentes nuevos era una "previsión de máximos" y que las 198 plazas son suficientes para atender la abultadísima escolarización andaluza. A los sindicatos de la enseñanza, que días antes del arranque del curso se estaban manifestando contra el nuevo sistema de colocación de interinos, parece haberles servido la explicación.
La plantilla tenía que haber crecido a un ritmo de 3.200 profesores al año en el último lustro para cumplir con el calendario de la Ley de Educación Andaluza: 15.000 docentes más en cinco años (de los que sólo han entrado 6.078). Las reivindicaciones del profesorado andaluz serían legítimas.
Pero el ahorro de interinos en Cataluña y Madrid, la eliminación de las tutorías y de los desdobles, el aumento hasta 20 horas lectivas y el acusar a los maestros madrileños de trabajar poco han recalentado tanto el planeta educativo español, que los sindicatos andaluces se han visto obligados a aparcar sus exigencias y sumar su apoyo a las protestas de sus homólogos madrileños, gallegos y valencianos.
Viendo al sector de la enseñanza en pie de guerra en las comunidades vecinas, cuesta entender que en Andalucía los dos grandes conflictos educativos de la legislatura fueran el adelanto del curso escolar y el Plan de Calidad. El primero supuso añadir cinco días lectivos al calendario, y el segundo era un plan voluntario para mejorar el rendimiento de las escuelas con incentivos económicos al maestro.
En la frenética carrera electoral hasta el 20-N, la escuela andaluza va a servir de bastión a los socialistas, que la usarán una y otra vez como ejemplo del modelo social que defienden. Los conflictos educativos en las comunidades del PP no sólo ayudan al PSOE en su campaña electoral, también le sirven a la Junta para mantener la complicidad de sus profesores, confiados en que Andalucía intenta preservar el armazón de la educación pública.
El curso escolar se retoma hoy con 120.095 profesores. Además los programas de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares aumentan un 20%, se habilitan 10.000 plazas más de guardería y 115.000 ordenadores portátiles para los estudiantes. Andalucía atiende a una población escolar que supera en número a todas las universidades españolas y a los habitantes que residen en Aragón, Asturias, Cantabria o Extremadura: 1.846.586 alumnos en 6.491 centros educativos.
Pese a todo, es arriesgado decir que la escuela andaluza está protegida por un número "suficiente" de profesores: ni los datos de ratio (número de alumnos por aula) ni el elevado índice de fracaso (27,4%) y abandono escolar (37%) ni las necesidades de enseñanza compensatoria para niños con especiales dificultades de aprendizaje ayudan a entender mínimamente que la escuela andaluza pueda permitirse una desaceleración en la suma de nuevos docentes.
La previsión de esos 15.000 profesores nuevos no sólo estaba teóricamente blindada por ley, sino ampliamente argumentada en el desarrollo de esa norma que logró el apoyo casi unánime de los partidos políticos y la comunidad educativa.
