El grupo socialista hizo ayer público su escrito de alegaciones contra la nueva ordenanza de actividades del Gobierno municipal, calificando como "inseguro" y "ambiguo" un documento en el que se prioriza la liberalización de las licencias de apertura de nuevos establecimientos frente a las informes de control de la anterior. Según denunciaron, la normativa deja en manos de controles posteriores las garantías de seguridad de los locales, sin que por parte del Ayuntamiento se haya previsto un aumento de personal que lleve a cabo esta tarea.
En concreto, la normativa aprobada inicialmente por los populares en el Pleno de octubre recoge que sólo será necesaria la declaración de responsabilidad del propietario para la apertura de estos establecimientos, obviando algunos de los requisitos exigidos hasta el momento y acortando los plazos previstos. De este modo, actividades como bares, pubs, discotecas e incluso guarderías privadas, que hasta ahora requerían de un informe medioambiental, otro de seguridad y un tercero de Urbanismo, sólo necesitarán una declaración firmada de su propietario para iniciar su actividad.
Es ahí donde radican las diferencias. Los socialistas aducen que ya en julio de 2010 el Ayuntamiento realizó una modificación de la ordenanza, adaptándola a las exigencias de la Ley Omnibus, y que esta nueva modificación que plantea ahora el PP no hace más que "dar prioridad a la libertad de establecimiento frente a la protección de las personas y el Medio Ambiente", tal y como manifestó la concejal Encarnación Martínez durante la exposición de las alegaciones.
En su desarrollo, los socialistas plantean que esta revisión de la ordenanza provocará un escenario de "inseguridad", ya que elimina dos de los informes necesarios hasta el momento -entre ellos el que garantizaba por parte del cuerpo de bomberos la seguridad en el local- y que ahora quedarán supeditados a una serie de inspecciones a posteriori que deberán realizarse con el mismo número de funcionarios municipales con los que cuenta actualmente la delegación. Además, acusaron al Ayuntamiento de "falsear" los plazos reales de estas tramitaciones, dejando fuera del proceso la calificación medioambiental favorable que, aún así, deberá obtenerse.
El documento de alegaciones recoge otras deficiencias que redundan en la ambigüedad de una ordenanza, "que no ofrece un catálogo que aclare los trámites al empresario", y que, según los socialistas, no prevé una modificación de las sanciones para aquellos que incumplan la normativa. Junto a ello, rechazaron la falta de consenso con asociaciones y plataformas implicadas en el proceso.
El Ayuntamiento, por su parte, salió al paso de estas declaraciones, argumentado que se ha optado por "un modelo que sí funciona y que genera confianza y atracción inversora". Por ello, el PP recordó que el aligeramiento de las labores burocráticas supondrá la "liberación de un buen número de funcionarios que comprobarán in situ la adecuación del proyecto". Un texto que, además, cuenta con un régimen sancionador "más estricto".
De este modo, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, defendió la gestión del Gobierno en la concesión de nuevas licencias, donde se ha logrado reducir en más de un 15 por ciento el tiempo de tramitación, aumentado de modo considerable el número de expedientes. Vílchez recalcó que la nueva ordenanza nace del consenso con todas las partes afectadas, con las que "antes y durante" la redacción de la norma se han mantenido reuniones.
