Una nueva empresa se encargará de gestionar el servicio de retirada de vehículos de la vía pública, la grúa, después de las numerosas irregularidades detectadas con el antiguo concesionario, cuyo contrato fue suspendido de forma cautelar el pasado mes de mayo.
El servicio continuará funcionando con normalidad, aunque con importantes cambios respecto al anterior adjudicatario, según se acordó en la última junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en la que se aprobó poner en marcha un nuevo expediente de contratación de la grúa tras resolverse "por causa imputable" el contratista que había, la empresa Transporsur.
La adjudicación de este nuevo contrato se debe a las irregularidades detectadas por un policía local que, tras inspeccionar la grúa, descubrió que no se estaban "prestando todos los servicios previstos en el pliego de condiciones para la adjudicación", según explica el informe que elaboró. Incluso detectó que existían denuncias de usuarios que no encontraron su vehículo cuando habían ido a recogerlo al depósito o que lo hallaron "desguazado sin su consentimiento", presuntamente por la falta de vigilancia en el lugar donde se dejaban.
Entre otras cosas, el informe concluyó que algunas de las grúas no tenían la ITV (inspección técnica de vehículos) en vigor y pesaban sobre ellas órdenes de embargo, así como que varios conductores carecían del correspondiente permiso de conducir para este tipo de vehículos y que los almacenes para albergar los retirados de la vía pública no reunían las condiciones de seguridad exigidas.
Futuro . Las deficiencias detectadas en el antiguo servicio obligaron al equipo de gobierno (PSOE) a hacer un replanteamiento completo del contrato. De esta forma, se ha elaborado un documento que eximirá al nuevo contratista del depósito y vigilancia de los vehículos retirados de la vía pública.
Estas funciones las asumirá directamente la propia Policía Local, en principio, en sus nuevas instalaciones de la Avenida Santa Lucía, en el patio del centro cívico Antonio Medina de Haro, aunque no se descarta buscar un almacén distinto para albergar estos vehículos. Con ello, el servicio no sólo garantizará al ciudadano la seguridad del vehículo, sino que además se propiciará una devolución más rápida del mismo al propietario.
El nuevo contrato se realizará por un periodo de tres años y se vuelve a nombrar al mismo inspector que detectó las anomalías como la persona responsable de supervisar el servicio, para que sea él quien se encargue de controlar que no vuelvan a producirse estas irregularidades.
Con esta resolución, el PSOE pretende zanjar la fuerte polémica abierta en torno al funcionamiento de este servicio y que fue motivo de críticas de la oposición y de varios colectivos de la ciudad, pese a que su trabajo contribuyó a revelar la grave situación que se estaba dando.
Finalmente, cabe destacar que pese a estos inconvenientes desde que se descubrieron las anomalías en la prestación, la grúa sigue funcionando en la ciudad, de manera temporal, y a la espera de que una nueva empresa se haga cargo del servicio con la convocatoria recién aprobada.
