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El puente Juan Carlos I alberga nuevamente un poblado de chabolas

el 10 jun 2010 / 14:16 h.

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Los terrenos ribereños que separan el puente de Juan Carlos I y el  puente basculante de San Juan de Aznalfarache, en el término  municipal de Sevilla, albergan nuevamente un poblado de  infraviviendas habitado por numerosas familias, toda vez que este  espacio propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda fue ocupado  durante varios meses el pasado año 2009 por las 41 familias exiliadas  del Polígono Sur a cuenta de la muerte de un menor en un tiroteo.

En concreto, entre las infraestructuras de ambos puentes se  alzaban hoy al menos diez chabolas instaladas con paneles, toldos,  lonas o paños de tela y, a su alrededor, los habitantes de estas  infraviviendas tendían la ropa o departían en las mesas y sillas de  plástico dispuestas a modo de comedores al aire libre. Junto a las  chabolas, estas familias mantienen algunas furgonetas o turismos para  sus desplazamientos.

Cabe recordar que estos suelos de titularidad estatal fueron  ocupados ilegalmente durante varios meses del año 2009 por 41  familias vinculadas al clan de 'los caracoleños', un colectivo de  familias procedentes del desalojo consumado en 2004 en el  asentamiento chabolista de Los Bermejales. Estas familias en  cuestión, instaladas desde entonces en el Polígono Sur, se auto  exiliaron en abril de 2009 de este barrio desfavorecido de Sevilla  por temor a represalias a consecuencia del tiroteo que, el 29 de  marzo de aquel año, se saldó con la muerte de un menor de etnia  gitana en la calle José Sebastián Bandarán.

El colectivo de familias, no obstante, fue desalojado de estos  suelos a comienzos del mes de julio de 2009 mediante un amplio  dispositivo policial, tras lo cual comenzaron un penoso peregrinaje  por diversos emplazamientos en el Charco de la Pava, la carretera que  conduce a la base militar de El Copero, --en suelos de la Autoridad  Portuaria o la margen del río correspondiente a San Juan de  Aznalfarache, para finalmente irrumpir nuevamente en las Tres Mil  Viviendas para ocupar las viviendas de titularidad pública que habían  abandonado.

No obstante, la nueva ocupación de estas viviendas, --precintadas  en aquel momento--, fue denunciada ante la Justicia por la  Administración autonómica, dado que se trata de viviendas de  protección oficial y la investigación emprendida entonces por la  Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre estos 41  pisos resolvió la ausencia de acreditación de propiedad por parte de  la gran mayoría de sus antiguos moradores.

De cualquier forma, en torno a las 11,00 horas de hoy, una  patrulla de la Policía Nacional se acercaba hasta una de las  infraviviendas instaladas en las inmediaciones del puente metálico de  San Juan de Aznalfarache.

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