Ya lo dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la orden ministerial que autoriza la creación del Consorcio de la Zona Franca tiene que corregirse. Pero, según el Puerto, no sólo porque la Autoridad Portuaria no está incluida en el Consorcio como admitió Montoro, sino porque el modelo de financiación establecido es distinto al pactado. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, convocó ayer a los medios de comunicación para advertir de que el modelo de financiación de la Zona Franca que recoge la orden ministerial no es la que diseñaron el Ayuntamiento y el Puerto hace un año. Hay que recordar que en agosto de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de Estado la creación de la Zona Franca. Por eso Castreño exigió la corrección de esta orden y tildó de «inviable» que el proyecto se pueda desarrollar.
Por un lado porque es «imprescindible» que el Puerto esté en el Consorcio, puesto que es la propietaria del terreno y, por otro, porque la Autoridad Portuaria no participará en un proyecto que no atiende a lo ya acordado.
¿Y qué se pactó hace un año? Según Castreño, una Zona Franca no convencional en la que se pagase el mantenimiento del recinto con el impuesto de sociedades de las empresas que ya están instaladas allí: Yanone, Servitrade, Hispalense de Líquidos, TRH, CIL Torrecuéllar y Terminal Portuaria Esclusa, sociedades a las que, por otro lado, aún no se les ha preguntado si participarán o no en la Zona Franca. Así, el Puerto pone las infraestructuras ya hechas y las empresas instaladas (que ocupan la mitad del recinto) y el Ayuntamiento los 3,3 millones que cuesta el vallado. Así, durante el primer año de funcionamiento, el Ministerio de Hacienda asumiría los costes.
Sin embargo, la orden ministerial publicada en el BOE el lunes que tampoco incluye a la Cámara de Comercio en el proyecto recoge un modelo «habitual» de Zona Franca (como las de Vigo, Barcelona, Cádiz y Canarias), en la que los ingresos proceden de donaciones, subvenciones, tarifas que se puedan aprobar y, entre otros, los cánones de las concesiones futuras que se hagan para la instalación de empresas, un dinero «que irá al Puerto como propietario del terreno», matizó su presidenta. Legalmente sólo el Puerto puede otorgar estas concesiones y cobrar su canon.
Fuentes municipales negaron ayer que se haya cambiado el sistema de financiación del recinto, se mostraron sorprendidos por las declaraciones de la presidenta del Puerto y remarcaron que ella asistió el lunes al acto con el ministro y no puso ningún reparo.
Sin embargo, Castreño defendió que lo pactado con el Ayuntamiento era que este recinto sería «único» en España porque todo el suelo sería portuario, lo que conlleva «no tener que comprar ni expropiar terrenos». «Estaba todo pensado para hacer el menor gasto posible y agilizar», subrayó. Incluso se acordó que trabajadores del Puerto y del Ayuntamiento lo gestionasen, cuando en la orden se recoge que se harán oposiciones.
«Ojalá se extienda al aeropuerto, pero el germen de la Zona Franca de Sevilla son estos suelos», indicó tras anunciar que ya pidió su instalación en el nuevo recinto Reciclados Navales SL, que prevé desguazar barcos en la antigua esclusa (con una inversión prevista de tres millones de euros y una creación de empleo de alrededor de 40 puestos en dos años).
Castreño confió en que el ministerio corrija la orden para que este otoño se pueda crear el Consorcio y, sobre los motivos, dijo ignorarlos, si bien aludió a que quizás se usó un «prototipo» para redactarla.
