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El Puerto espera una prórroga de un año para no perder los fondos UE del dragado

Castreño asegura que se dragará el río, con o sin los 33 millones de la Unión Europea, y que el rechazo de agricultores, alcaldes y administraciones se debe a la «desinformación».

el 28 may 2014 / 22:00 h.

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Carmen Castreño Puerto«El Puerto de Sevilla se va a dragar». «Estoy empeñada en ello y en aprovechar los 33 millones de fondos europeos. Y tendremos el apoyo social porque no se puede hacer en contra de agricultores o alcaldes. Solo nos faltó explicar bien el proyecto porque no altera las condiciones del estuario». Así de tajante se mostró ayer la nueva presidenta del Puerto, Carmen Castreño, que lanzó un mensaje muy optimista en un acto en el club Antares repleto de empresarios y responsables políticos, del Ayuntamiento, como Javier Landa y Gregorio Serrano, y de la Diputación, como su presidente Fernando Rodríguez Villalobos. Castreño indicó que le llegaron noticias de que el Ministerio de Hacienda podría ampliar un año la ejecución de los proyectos con fondos europeos, tal y como ya se hizo con los del marco comunitario 2007/2013, con dos años extras para acabar las obras, así que confió en esta prórroga. «Si tuviéramos un año más tendríamos tiempo suficiente. Ahora estamos corriendo», admitió Castreño, que informó de que la obra del dragado durará unos pocos meses y tiene que estar pagada y certificada antes del 31 de diciembre de 2015 «para no tirar por la borda esos 33 millones». También precisó que el coste de la obra es de 40 millones de euros, a los que hay que sumar los 20 millones del proyecto de recuperación de las márgenes del río (al que la Junta tiene que dar luz verde). De estos, algo más de diez millones se destinarían a las márgenes de Doñana y el resto a las otras zonas. Así, el coste total del dragado son 60 millones de euros, por lo que es clave la financiación europea. Con todo, Castreño afirmó que de perder estos 33 millones buscaría fondos para realizar el dragado porque no ejecutarlo sería «negar el futuro». «Sería un retroceso muy importante, un punto muy negativo», insistió aludiendo a que empresas del Puerto se replantearían su marcha. En cuanto a las pegas ecologistas y de los propios científicos, la presidenta del Puerto sostuvo que si se analiza «fríamente», el dragado «no tiene influencia negativa en la turbidez o salinidad». «No altera las condiciones del estuario. Todos los estudios dicen que no tiene influencia significativa», recalcó en contra de las tesis de ecologistas y expertos, que sostienen que el dragado no se puede hacer mientras el río no mejore. Para Castreño, el estuario está mal por causas que nada tienen que ver con la navegación o el Puerto, pero es su proyecto el que está pagando las consecuencias de los problemas del río causados por la agricultura, la presa, las construcciones o los vertidos. Tras sus reuniones con agricultores y alcaldes, Castreño asegura que éstos están «muy abiertos» y que no se conoce bien el proyecto, que «solo» prevé el dragado de un canal de 1,5 metros de profundidad y unos 80 metros de ancho, «una quinta parte del ancho del río». Esto es, que se dragaría en una parte casi central del cauce, a 1,5 metros de profundidad y en un ancho de 80 metros, de los 400 metros de anchura que tiene el río en algunas zonas. En cuanto a la longitud de este canal que se abriría, indicó que sería de 40 kilómetros (no continuos), la mitad de la parte del río en la provincia de Sevilla, concretó tras indicar que se «generó confusión» porque no se sabe en qué consiste el dragado que se pide. «No es arrasar con todo», sentenció. «Tiene la Declaración de Impacto Ambiental, hay dinero, entonces, ¿por qué no se hizo? Porque se creó un batiburrillo de desinformación», argumentó para minimizar los efectos de la obra en el río. A su juicio, debe imponerse el diálogo para lograr la complicidad de todos los sectores afectados. Castreño incluso defendió la gestión de su antecesor, Manuel Fernández, y manifestó que se hizo la esclusa antes que el dragado «y lo volvería a hacer» porque Sevilla «no podía quedarse sin protección ante las inundaciones», así como que el dragado propició los mayores estudios nunca realizados sobre el estuario, con un coste de tres millones de euros. En cuanto al proyecto de protección de las márgenes, el Puerto ya trabaja con la Consejería de Medio Ambiente para mejorarlo y que pueda contar con el sí del Consejo de Participación de Doñana y, por ende, de la propia Junta, en contra hasta ahora. Según Castreño, no hay fecha para la presentación de la modificación del proyecto previo al dragado, obra que tiene que autorizar el ministerio. ZONA FRANCA. La presidenta del Puerto, Carmen Castreño, aprovechó ayer el acto en Antares para lanzar una advertencia al Ayuntamiento (impulsor del proyecto de la Zona Franca) al indicar que puede que algunas de las empresas ya instaladas en los terrenos incluidos en la futura Zona Franca no se adhieran a la misma, por lo que «habría que reducirla». La zona franca ocupará un 9% del suelo del Puerto, 72 hectáreas, en las que en la mitad ya hay empresas. «Tiene que cumplir las condiciones que marque el Ministerio de Hacienda, que exige fianzas elevadas y pagar gastos ligados a la zona franca», apostilló Castreño tras subrayar que ya el Puerto tiene más de 20 depósitos aduaneros «que cumplen la función de zona franca». Esta fórmula, aclaró, es ventajosa para empresas de importación y exportación, pero «otras con otros menesteres no necesitan una zona franca», recalcó Castreño tras mencionar a Inabensa, filial de Abengoa, que podría ser una de estas empresas a las que no les podría interesar económicamente que se le incluya en la zona franca. Como su antecesor, Manuel Fernández, la presidenta del Puerto consideró que el proyecto de Zona Franca «es un valor añadido» pero relativizando sus efectos en la actividad del Puerto. Castreño también volvió a solicitar al Ministerio de Fomento la conexión ferroviaria directa del Puerto, un proyecto que costaría diez millones de euros y que supondría un impulso para el transporte de mercancías. «Llevamos diez años pidiéndolo, pero se hacen accesos a otros puertos del norte, pero no al de Sevilla, pese a que movemos más de 1.000 trenes al año», lamentó Castreño. Sobre otro de los proyectos en ciernes, Sevilla Park, indicó que no sabe si la modificación urbanística se aprobará en el pleno municipal de junio.

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