Foto del acto celebrado hoy por la plataforma "Sevilla por su puerto. Eurovía del Guadalquivir" con la presidenta de la Autoridad Portuaria Carmen Castreño. De izquierda a derecha, el secretario provincial de UGT-Sevilla, Juan Bautista Ginés; el presidente de la CES, Miguel Rus; la presidenta de la autoridad portuaria, Carmen Castreño; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, y el secretario provincial de CCOO, Alfonso Vidán. / El Correo
«Es un obstáculo menos». Así se ha referido esta mañana la presidenta del Puerto de Sevilla, Carmen Castreño, a la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 24 de octubre que desestima un recurso de la organización ecologista WWF-Adena contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos de la esclusa y el dragado de profundización del Guadalquivir. La primera batalla en los tribunales la ganó la Autoridad Portuaria, pero los ecologistas advierten de que habrá más porque esta sentencia les deja una puerta abierta para recurrir el proyecto del dragado una vez sea aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y no sólo los conservacionistas, ya que arroceros y ayuntamientos también amenazaron con ir a los tribunales si no se tienen en cuenta sus peticiones.
La sentencia, por tanto, ha tenido dos lecturas diametralmente distintas. En un acto de la Plataforma Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir, promovida por el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus; el de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; el secretario general de CCOO Sevilla, Alfonso Vidán; y el de UGT, Juan Baustista Ginés, y ante más de 50 representantes de organizaciones empresariales e instituciones de Sevilla y su provincia, Carmen Castreño indicó que la sentencia les da «tranquilidad» porque indica que el dictamen de la comisión científica «es un documento más elaborado durante este tiempo» y que la DIA «está en vigor».
Así que defendió que en breve entregará el proyecto de protección de las márgenes de Doñana a la Junta para que lo lleve, de nuevo, al Consejo de Participación del parque y, después, obtener el sí definitivo del Ministerio de Medio Ambiente para dragar sólo 85 centímetros de profundidad en los puntos más conflictivos en 2015. «85 centímetros para que el Puerto sobreviva», advirtió Castreño tras sentenciar que no permitirá que se pierdan más industrias por la falta de calado en el río. El resto, hasta los 1,5 metros, se dragaría entre 2017 y 2018. Así no se perderían los fondos europeos (80 por ciento del total del dragado y del proyecto de las márgenes) porque las obras se licitarían y adjudicarían entre enero y junio y en los seis últimos meses del próximo año se ejecutarían, respetando el alevinaje. El coste total del dragado es de 45 millones de euros, incluyendo el proyecto de recuperación de las márgenes.
Además, Castreño avanzó que ha encargado un informe sobre el cumplimiento de la DIA, para que todas las administraciones tengan la «seguridad» de que se cumplen todos los requisitos medioambientales.
Por contra, WWF-Adena considera que la sentencia de la Audiencia Nacional confirma la obligación del Puerto de realizar un proyecto de ejecución para el dragado antes de iniciar cualquier tipo de obra. «El Tribunal reconoce que ese proyecto podrá ser recurrido, y que deberá integrar los contenidos de la DIA, incluido el informe de la Comisión Científica», aseguró a este periódico Juan Carmona, responsable de la oficina técnica de WWF en Doñana, quien avanzó que recurrirán en ese momento final. «Si la DIA no incluye el informe científico lo recurriremos y si se incluye no se puede dragar», defendió. Así que la guerra judicial no ha hecho nada más que empezar. Además, los ecologistas elevaron una queja a la Comisión Europea, que aún no se ha resuelto y que tardará en hacerlo.
Hay que recordar que el dictamen de la comisión científica de 12 de noviembre de 2010 afirma que «no es recomendable en la situación actual, por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y, por tanto, de Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y limitar severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos...» y recomienda que se «desestime definitivamente el dragado de profundización y que de mantener la Autoridad Portuaria su voluntad de dragar, inicie un nuevo procedimiento de EIA estudio de impacto ambiental una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado». Así se recoge en la propia sentencia, que también dice que el contenido de dicho informe no hace inoperante la DIA ni altera su naturaleza meramente instrumental. Eso sí, también estima que el estudio científico no constituye un documento nuevo, en tanto estaba previsto en la DIA como desarrollo de la misma en lo relativo a la fauna afectada.
La DIA, para el tribunal, es un mero acto de trámite, cuyos vicios podrían hacerse valer, en su caso, en el recurso interpuesto contra la resolución que pusiera fin al procedimiento, esto es, el acto probatorio del proyecto correspondiente. A esto se agarran los ecologistas.
Para Carmona, esta sentencia es negativa para el proyecto de dragar, ya que no podrá realizarse sin antes elaborar un proyecto que debe incluir el informe de los científicos.
Sobre el informe encargado por el Puerto sobre el cumplimiento de la DIA, Carmona reclamó que sea «de la misma calidad y use los mismos parámetros» que el anterior realizado por el CSIC y varias universidades andaluzas. Un estudio pionero que tardó tres años y que costó más de tres millones de euros.
