Las 300 personas huidas del Polígono Sur tras un tiroteo, hace 100 días, siguen errantes sin que sirva de nada que quienes los ayudan llamen a las puertas de las administraciones, y el Defensor del Pueblo esté harto de decir que se le agota la paciencia. Del Copero serán expulsados en breve porque el Puerto, dueño del suelo, ya lo ha pedido.
Pasados los 100 días de gracia, la Junta de Andalucía, responsable de las políticas de chabolismo, podría empezar a partir de hoy a responder a las preguntas de quienes buscan una solución a la grave situación de estas familias que, con un centenar de menores a cuestas, van arrastrando sus pocos enseres de descampado en descampado. Su vuelta a las Tres Mil, de donde huyeron por su relación con la muerte de un joven, generaría un problema de seguridad pero es una opción que cobra fuerza ante el callejón sin salida en el que están.
Después de tres meses, el Ministerio de Economía y Hacienda ordenó su desalojo del solar en el que vivían y se pasaron dos días vagando, porque la Policía Local tiene orden de que no se instalen en suelos de Sevilla capital. Acabaron en El Copero, entre Sevilla y Dos Hermanas, de donde la Autoridad Portuaria les instó a marcharse voluntariamente con ayer como fecha límite. Al no hacerlo se ha pedido su desalojo, confirmaron fuentes del Puerto, que precisaron que no conocen los plazos que manejan los tribunales y la Policía para ejecutar esa expulsión.
La Policía de Dos Hermanas vigila sus movimientos ante el temor de que traten de desplazarse a su término municipal, donde tampoco los dejarían quedarse.
"Estamos esperando a ver qué dicen los gitanos viejos, pero si no hay solución tendremos que irnos a los pisos" del Polígono, decía Ani, una de las afectadas. Aurora, una de las ancianas más respetadas, insistía: "No sabemos dónde ir".
Varios voluntarios que tratan de ayudarlos se encontraban ayer entre la desesperanza y el estupor: "Parece que nadie va a hacer nada, y es increíble, han pasado más de tres meses y lo único que hacen es echarlos de donde se quieren instalar, una y otra vez. Y por sí solos no van a desaparecer". La Unión Romaní pedirá hoy que se les busque un lugar, aunque sea en condiciones igual de lamentables, para que el Consistorio inicie el plan de verano para los niños en el que invertirá 305.000 euros, y que consiste en una escuela de verano a las que llevarán a los críos en autobús para que coman, se duchen, jueguen y den clases de apoyo.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, dijo ayer que espera una solución esta semana. "La administración ha estado preparando los medios, al parecer ya los tiene, y las familias tienen que colaborar para resolver este problema", afirmó, negando el temor de las madres de que la Junta les retire a sus hijos. "Como dijo la consejera tajantemente, eso no va a ocurrir, sino que lo importante es que los menores estén atendidos. Después resolveremos el alojamiento". Chamizo pidió que todo acuerdo sea "consensuado" y que "no se hagan tantas amenazas por parte del portavoz de los chabolistas, que hasta ahora han tenido un comportamiento bastante normal en una situación tan penosa".
El defensor aludía al aviso de que volverán a las Tres Mil, aunque los chabolistas también estudian acciones para llamar la atención, que podrían pasar por manifestarse o por un encierro.
La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, dijo por su parte que tanto el Ayuntamiento como diferentes consejerías de la Junta están trabajando para buscar una solución "conjunta" para los chabolistas, aunque su departamento no quiso ampliar esta información. La propia consejera dijo que no había "ninguna noticia nueva", pero incidió en que se trabaja con las familias en pro de una salida "dialogada".
En ese diálogo también hay diferencias: el grupo municipal de IU ha rescatado la idea de una ciudad de tránsito hasta encontrar una solución definitiva, pero los técnicos ven una locura mantener juntas a estas familias y abogan por un realojo muy disperso, fuera de Sevilla, e incluso de Andalucía.
