El río Guadalquivir, en 2005, a su paso por Sevilla, con la antigua esclusa a la izquierda.
La plataforma a favor del dragado de profundización del tramo navegable del Guadalquivir con patronal, sindicatos y Puerto de Sevilla defendió ayer que la última sentencia del Tribunal Supremo (TS) no anula el proyecto, pero sí ha obligado a la Autoridad Portuaria a reformular los plazos y la estrategia prevista. Tras más de quince años de debate y trámites y después del varapalo judicial, el nuevo calendario de la Autoridad Portuaria no prevé la primera fase de la obra hasta 2016. Y siempre que se puedan destinar los fondos europeos a otros proyectos sevillanos.
Tras la reunión de la plataforma Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir, la presidenta del Puerto, Carmen Castreño, aseguró a este periódico que intentarán «no desaprovechar» los fondos europeos, el 80 por ciento del coste del dragado, alrededor de 30 millones de euros. No obstante, no concretó a qué proyectos podría asignar ese dinero, si bien el cierre del anillo ferroviario del recinto portuario y la ampliación de la terminal del ferrocarril podrían ser algunos de ellos. Proyectos que, por otra parte, ya cuentan con financiación europea. Hasta hoy, el temor era a perder estos fondos Feder y, ahora, a que Puertos del Estado se los lleve a otra ciudad. Según Castreño, hay «presiones» para ello, pero confió en que se queden en Sevilla.
En cuanto a las consecuencias de la sentencia del TS que anula la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, rechaza su condición de medida complementaria y considera poco justificada su realización, Castreño dijo que se corregirán los «errores de forma, no de fondo» indicados por el tribunal durante la fase de revisión de dicho plan, que acaba el 30 de junio.
El Plan Hidrológico podría ser aprobado por el Consejo de Ministros a principios de 2016 y entonces podría arrancar la obra del dragado con fondos designados ahora a otros proyectos y con el fin de ganar 85 centímetros de profundidad en el canal de navegación en esta primera fase. Los 65 centímetros restantes se dragarían en 2017, según Castreño. «Se retrasaría un año aproximadamente, pero no se renuncia, hay que luchar para que la navegabilidad esté garantizada. Seguiremos con todo hacia delante», sentenció.
Tanto la presidenta del Puerto como los presidentes de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y de la patronal sevillana, Miguel Rus, apostillaron que «el dragado sigue vivo». «Una cosa es que las cosas no se hayan hecho bien y otra es que el dragado sea nulo», argumentó en contra de las tesis ecologistas, que recalcan que la sentencia del TS considera que la obra «comporta o puede comportar perjuicios» para las aguas del estuario y Doñana.
Además, el Puerto cuenta con que este año pueda ejecutar el proyecto de protección de las márgenes del río (dispone de unos siete millones para las riberas de Doñana y otros tantos para el resto desde Sevilla a Sanlúcar), fleco pendiente para que se cumpla la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003.
Este proyecto requiere seis meses de obra, según Castreño, por lo que debería empezar «antes del verano». Sin embargo, la Junta aún no le dio el visto bueno, algo que Rus consideró «una excesiva demora». Y no fueron las únicas críticas. Tanto el presidente de la CES como Castreño arremetieron contra los científicos del CSIC autores del estudio científico que desaconseja este dragado por las malas condiciones ambientales del estuario, e incluso insinuaron que uno de sus autores, el catedrático Miguel Ángel Losada, «puede tener intereses económicos en contra del dragado». «Es el colmo que diga que hay que quitarle los fondos a Sevilla para dárselo a otro puerto. Esto no tiene nada que ver con la ciencia», criticó Castreño.
Ella, los empresarios y los representantes de CCOO y UGT advirtieron de que en 2014 la Audiencia Nacional emitió una sentencia en la que, frente a un recurso de WWW-Adena, «declaraba la plena vigencia de la DIA de 2003, que es lo que nos debe guiar en esta obra». Sin embargo, obviaron que esta misma sentencia invita a los ecologistas a recurrir una vez se apruebe el proyecto del dragado.
Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, opinó que «no hay nadie que diga que si se cumple la DIA no se pueda hacer el dragado», mientras que Alfonso Vidán, por CCOO, defendió que ese documento es la «Ley que impera».
