"Desde Queipo de Llano tenemos este sistema, y nadie se ha atrevido a cambiarlo en 70 años". Quienes hablan así son José María Morillo y Antonio Vela Adame, los máximos responsables de la asociación de mayoristas de pescado. Su enfrentamiento con el nuevo gerente, Jordi Maymó, ha reabierto la caja de los truenos, y ha devuelto al mercado al estado de crispación que ya dejó un día a la ciudad sin pescado en 2004. De hecho, ayer ya se puso esa amenaza sobre la mesa: habrá cierre patronal el jueves -lo que dejará a la ciudad sin género- si antes del domingo no hay una disculpa de Jordi Maymó por sus acusaciones a la asociación de empresarios.
La guerra interna se libra en un tenso escenario por los escándalos de la gestión de Fernando Mellet y por el proceso judicial abierto que ya ha alcanzado a un ex asesor del grupo socialista como Domingo Enrique Castaño. Pero al margen de esto, los elementos de este nuevo pulso son los mismos de hace un lustro. Incluso se puede ir más lejos: son los mismos desde los años 30. Con el agravante de que Maymó ha llegado con la intención de hacer estallar el status quo y ha desequilibrario el precario equilibrio entre los empresarios mayoristas y los trabajadores de la empresa pública.
Porque en la lonja de pescados, y eso lo admiten todas las partes, rigen unas normas excepcionales. Quizá porque allí se genera más del 60% de los ingresos de Mercasevilla, porque allí trabajan dos terceras partes de los empleados de la empresa y porque sus empresarios forman el mayor grupo de presión del recinto.
El sistema es una compleja mezcla entre lo público y lo privado. Los empresarios son responsables de adquirir los productos y transportarlos hasta la lonja. Pero una vez allí, son empleados de Mercasevilla quienes los descargan y los dejan en una zona central común. De ahí, otros empleados de Mercasevilla colocan los productos en los respectivos puestos. Por estos servicios abonan el 1,57% de sus ingresos. Una vez que los pescaderos adquieren el género, lo facturan otros empleados de Mercasevilla, que remiten el recibo a una oficina central, donde se abona la cantidad acordada.
Días después, se transfiere a los pescaderos con los descuentos hechos -por este segundo servicio de un 2,05%- sobre los ingresos totales". A estas cifras se añaden las tasas, una media de 1.500 euros mensuales. "Estamos asfixiados por el sistema, y con la crisis ya han caído el 15% los ingresos", explica Morillo.
Los empresarios, representados por Joaquín Moeckel, atribuyeron ayer a este sistema su convocatoria de paro para el jueves y la posterior petición de dimisión de Maymó. Pero paradójicamente, el gerente quería esa transformación también. Liberalizar el sector, pero también suprimir derechos adquiridos como la condonación del 30% en los traspasos entre empresarios.
Quien está en el otro extremo es el comité de empresa. Los 140 empleados se juegan buena parte de su futuro en este pulso. Si el Gobierno local cede a los pescaderos, serán ellos quienes entren en la guerra, y quienes paralicen la actividad. Lo hicieron una vez y rectificó el Ayuntamiento. El comité, dirigido por CCOO, llegó a elaborar un informe en 2004: el sistema de Mercasevilla genera en sus empresas más ventas que el resto de mercados de mayoristas, menos gastos de personal, un menor nivel de endeudamiento y más rentabilidad económica.
