El rector de la Universidad de Sevilla , Antonio Ramírez de Arellano, defendió ayer la gestión de la Universidad de Sevilla en el caso de los Premios a la Jubilación Voluntaria de su personal docente funcionario tras el anuncio del Ministerio Fiscal de que ha abierto “una investigación contable” del citado premio, procedimiento que se inició la pasada primavera. El rector aseguró que es la primera vez que ocurre algo así, ya que “las cuentas de la entidad están fiscalizadas por la Junta de Andalucía y su Cámara de Cuentas, además de por una asesoría externa. Por ello, defendió la legalidad del procedimiento ya que “ante la menor sombra de ilegalidad, se hubiera paralizado”. A pesar de ello, el rector explicó que la convocatoria se ha suspendido de forma “fulminante por cautela” y “por la propia seguridad jurídica de los afectados y de la Universidad”.
Ramírez de Arellano explicó además que el Tribunal de Cuentas está investigando “únicamente” el curso 2006-2007 pero que, entiende que “este proceso no debe afectar a años posteriores” (desde 2007 a 2012) a pesar de que han sido suspendidos en su totalidad “por seguridad”. El premio a la jubilación voluntaria del profesorado fue creado en 2006 por el entonces rector Joaquín Luque. Desde entonces, 278 profesores se han acogido a los premios de jubilación voluntaria, y para el próximo curso lo habían solicitado 59 personas. En el período que se investiga, el curso 2006-2007 hay en torno a 50 personas afectadas. Así, el rector subrayó que el informe expone que se investigue el protocolo “para saber si éste es correcto o no, y en caso negativo, queremos que nos digan cómo hay que ejecutarlo”. Ramírez de Arellano aseguró que no concibe “en ningún caso” que los profesores tengan que volver a sus puestos de trabajo, o que la medida pueda suponer un perjuicio económico para ellos, a pesar de que “hay que esperar a que se ejecute el protocolo, por lo que es demasiado prematuro aventurarse en las posibles consecuencias que pudiera tener”.
Ramírez de Arellano defendió el programa de jubilaciones voluntarias llevado a cabo hasta ahora, ya que éstas “son un derecho que tiene cualquier persona que lleve años trabajando en su empresa”. La única diferencia es que la Universidad daba además “un pequeño incentivo que ahora se ha suprimido”. En él se garantizaba al profesor el cien por cien de su pensión mediante una aportación extra que salía del Fondo de Acción Social. Un fondo que no tiene un destino concreto, y que la Universidad puede gastarlo en aquello que considere oportuno.
A pesar de su supresión, “muchas personas han optado por retirarse de forma anticipada”. Los funcionarios con 60 años y 30 de servicios pueden jubilarse y, en las empresas públicas, es frecuente que éstas aporten el complemento necesario para llegar al cien por cien de la pensión. El rector apoyó este sistema ya que, según explicó “supone un enorme ahorro para la Universidad, a la vez que permite ajustarse a las nuevas necesidades surgidas en el ámbito académico, minimizando el riesgo de jubilaciones masivas”. La paralización del proceso de jubilaciones voluntarias no afecta sólo a la Universidad de Sevilla. De hecho, según el informe del Tribunal de Cuentas, afecta a 33 universidades españolas, siete de ellas andaluzas.
SELECTIVIDAD. Por otra parte, el rector contestó a las declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte en las que aseguraba que la selectividad no funcioba bien porque la pasaban el 94 por ciento de los alumnos. Según Ramírez de Arellano, las pruebas están concebidas no para determinar el acceso a la
