El primer paro académico en la historia, rebaja salarial y límites a las contrataciones impuestos por normativas estatales y autonómicas improvisadas desde el "desconocimiento", recortes también desde ambos Gobiernos que tienen la investigación "prácticamente paralizada", tasas más caras y menos becas (30.000 alumnos han pedido una) por mandato de Madrid y una asfixia económica por los impagos de la Junta que llevó a los rectores de las universidades andaluzas a protagonizar un plante también histórico. Antonio Ramírez de Arellano hizo ayer balance de su primer año como rector de la Hispalense y el adjetivo más usado fue "difícil". Pese a todo, sacó pecho de que cada día la Universidad que dirige presta servicio a casi 80.000 estudiantes (incluyendo sus centros adscritos) y profesores y administrativos trabajan con normalidad en aulas y despachos aunque cobren menos, su jornada sea más larga, su promoción profesional esté parada por recursos e incluso 150 docentes no puedan tomar posesión de plazas ya ganadas por "méritos".
Y tras el balance, dibujó un futuro en el que no atisba un "colapso" si la cosa se mantiene pero que tampoco ve halagüeño. En lo económico, la deuda de la Junta supera ya 190 millones de euros, 30 más que a final de 2011, y solo garantiza los gastos de funcionamiento imprescindibles (unos 280 millones, la mayoría para nóminas) y el resto en función de las disponibilidades presupuestarias. Pese a la falta de liquidez, gracias a sus medidas de ahorro (12 millones en gastos corrientes de 50), la Hispalense ha logrado reducir de un año a cinco meses el plazo medio que tarda en pagar a sus proveedores pero aún debe a éstos 60 millones. Sin embargo, lamentó que las universidades no entran en los planes de pago a proveedores ideados por las administraciones y exigió poder acceder a estos fondos de liquidez.
En lo político, fue más ambicioso al reclamar que la universidad "debería sentarse en el Consejo de Gobierno como está en el de Ministros" con un responsable de alto nivel encargado de las políticas universitarias. "Animaría a la Junta a que diera más relevancia política a la Universidad", dijo, sin aclarar su fórmula para lograr ese mayor peso en el organigrama oficial.
Y en plena polémica por la reforma universitaria planteada por el Ministerio de Educación, basada en un polémico informe de una comisión de expertos y que la Conferencia de Rectores ve como un claro atentado a la autonomía universitaria y la libertad de Cátedra, alabó la mayor disposición al diálogo mostrada en los últimos tiempos por el Gobierno y criticó que el debate se centre en quién elige a los rectores y docentes en vez de en cómo seleccionar a los mejores. Defendió el modelo de universidad pública y rechazo que haya muchas o que no estén especializadas, mientras que alertó del riesgo de desprestigiar la institución abriendo la mano a privadas sin calidad contrastada.
