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El recurso al TC no parará un derribo en Medina Azahara

El recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por los dueños de la primera casa ilegal de las ubicadas en el entorno protegido de Medina Azahara (Córdoba), cuyo derribo se ha determinado en sentencia judicial firme, no impedirá la ejecución de dicho fallo, es decir, los parcelistas ilegales tendrán que derribar su vivienda.

el 15 sep 2009 / 19:17 h.

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El recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por los dueños de la primera casa ilegal de las ubicadas en el entorno protegido de Medina Azahara (Córdoba), cuyo derribo se ha determinado en sentencia judicial firme, no impedirá la ejecución de dicho fallo, es decir, los parcelistas ilegales tendrán que derribar su vivienda. Según informó ayer a Europa Press el abogado de los condenados, José María Muriel, el Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba ha rechazado la petición de sus clientes, un padre y un hijo (que también fueron condenados a tres años de prisión, por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio) de que quedase en suspenso la ejecución de la sentencia en lo referido a la demolición de la vivienda ilegal mientras el Constitucional resuelve el recurso que los parcelistas han presentado contra la resolución judicial que les condena a la citada pena de cárcel y al derribo de su casa.

Ahora, con esta respuesta negativa del juzgado y haber concluido el lunes el plazo de dos meses que había concedido dicho juzgado a los parcelistas ilegales para que, por sus propios medios y tal y como ellos mismos pidieron, procediesen al derribo de la vivienda, serán ellos quienes acometan la demolición.

De esta forma, no darán ocasión a que, como ya había previsto el juzgado, sea la Consejería de Cultura la que se encargue del derribo, si es que no lo llevan a cabo los condenados, que construyeron sin licencia y contra la normativa y el planeamiento urbanístico de la zona, en el entorno del citado conjunto arqueológico califal del siglo X.

Se ejecutará así la primera sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Córdoba el pasado mayo, que implica el derribo de la vivienda.

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